La semana pasada, luego de descubrir que tres mujeres habían sido asesinadas brutalmente por el solo hecho de ser mujeres, se alzaron miles de voces para hacerse escuchar y reclamar la protección del estado ante la violencia que sufren simplemente por ser quienes son, lo que generalmente se denomina como violencia de género.
Este tipo de violencia incluye numerosos delitos tipificados por el Código Penal, incluyendo la violación, las lesiones, las amenazas y, en casos extremos, el homicidio -actualmente agravado por feminicidio-. Estos delitos pueden ser perpetrados por desconocidos, pero se ha detectado que en la mayoría de los casos tienen lugar intrafamiliarmente. Son las parejas, ex parejas, padres, compañeros de trabajo o jefes. Se coloca a las mujeres en una situación de indefensión, se quedan sin un lugar seguro al cual acudir cuando son atacadas, ya sea física como psicológicamente.
Para ponerle números a este flagelo, en el municipio de Lanús por ejemplo, de 6 mil causas que se presentan ante los Juzgados de Familia, 5 mil son por violencia de género. La gran mayoría son pedidos de restricción perimetral. No olvidemos nunca que este es un delito que se da en todas las clases sociales. Claramente este conflicto no es algo que dependa ni del nivel económico ni del educativo. En toda la sociedad la violencia de género es una constante y es una de las tantas caras que asume a diario la inseguridad.
Cuando pensamos en inseguridad mayormente se nos representa en robos y en actividades que se ejercen en el marco de negocios ilegales. Son cuestiones que suceden fuera de nuestra realidad, aunque nos afecten en primera persona en algunos casos. Pero la realidad que viven las mujeres de nuestro país es la de una doble inseguridad. Al miedo que tiene cualquier ciudadano de que le roben tienen que sumar el miedo de que las abusen, las violen, las golpeen y hasta las maten por algún tipo de exigencia sobre sus cuerpos, tanto de extraños como de personas conocidas.
¿Qué hacer desde la gestión estatal?
Puedo remitirme al caso de Lanús nuevamente. Este es uno de los municipios que cuenta con una Coordinación de Políticas de Género y una Dirección de Asistencia a la Víctima, que proveen asesoramiento tanto judicial como clínico a las víctimas de violencia de género y que otorgan además recursos preventivos como el botón y los paneles antipánico. La principal intención es siempre contener las situaciones desde lo psicológico y evitar que se sigan perpetrando los ilícitos, ofreciendo así el más completo marco de protección a las víctimas posible.
Naturalmente, solo con esto no basta. Es necesario atender a los motivos profundos y sociales por los cuales esta problemática es tan insistente y nos obliga a lamentar todos los días nuevas víctimas. Vivimos en un país en el que cada 30 horas una mujer es asesinada por el solo hecho de su género. Toda acción posterior es necesaria y justa, pero debemos protegerlas mientras se puede, porque vivas las queremos.
