Lo primero que pensamos cuando hablamos de políticas de seguridad es todo lo que refiere a la prevención y detección del delito, es decir, todo lo que ocurre previamente al hecho delictivo, y, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad al momento de sucederse el delito.
Pero qué pasa cuando las políticas de prevención y acción no evitan el delito?
La Asistencia a la Víctima es la forma que tiene el Estado de participar una vez ocurrido el hecho delictivo.
En el caso de Lanús, cuando llegamos a la intendencia en el 2015, no existía un área que se ocupase de la Asistencia a la víctima.
Nosotros la creamos y la misma se ocupa de brindar asistencia integral, acompañamiento y contención a las personas que hayan sufrido un hecho de violencia y/o sus familiares.
¿En qué consiste este acompañamiento?
Primero que nada en disponer de profesionales que puedan asistir a la víctima: abogados que la guíen en los trámites legales que deba hacer y psicólogos especializados que la ayuden a reponerse del hecho traumático que muchas veces representa ser víctima de un delito.
¿Cómo se accede a esta asistencia?
De varias formas. La primera es la propia presencia personal de la víctima, que puede acercarse al área para solicitar asesoramiento. Como esto no siempre ocurre hay otros mecanismos de derivación: expedientes municipales, notas periodísticas, informes de comisarías zonales, centros educativos y de salud, petitorios fiscales, a través del 911 o de la Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Tecnológico para la prevención del delito.
Una vez que se ingresa un caso se procede en 4 etapas: primero se recopila la información, luego se tienen entrevistas con la víctima y/o sus familiares, a partir de ello se desarrolla una estrategia para luego, finalmente, poner en marcha una línea de acción que se ajuste al caso específico de la víctima y que cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales (por lo general un abogado y un psicólogo).
Además se desarrollan actividades de prevención y capacitación para promover la sensibilización y el compromiso social con la problemática. Esto garantiza una asistencia técnica y jurídica que se someterá a su vez a controles regulares de calidad tendientes a mantener y mejorar el nivel.
Con estos avances estamos llevando la presencia y el accionar estatal a estos aspectos de la vida ciudadana tan postergados, donde aflora el sentimiento de desprotección y se alimenta a diario el flagelo social del delito.
