Como en Brasil, quieren una fuerza para pacificar las villas

fuerzas de pacificación Diego Kravetz

Una iniciativa pretende formar unidades con agentes de la Metropolitana.

 

 
Como en Brasil, quieren una fuerza para pacificar las villas. Foto: Archivo 

 

La lucha contra el narcotráfico podría llegar al recinto de la Legislatura porteña si prospera una iniciativa que propone crear unidades de pacificación policial y social dentro de las villas y asentamientos porteños.

El proyecto, creado por el Instituto de Políticas de Pacificación, presidido por el dirigente porteño Diego Kravetz, será presentado oficialmente hoy. Desde mañana instalará mesas en la Ciudad en busca de firmas para ingresar el plan en la Legislatura como iniciativa popular, para lo que necesita el apoyo del 1,5% del padrón local.

Según el borrador, al que tuvo acceso la nacion, las unidades de pacificación policial “son cuerpos de policía especialmente entrenadas para intervenir en zonas de conflicto y combatir al narcotráfico, que es la principal fuente de violencia en las villas y asentamientos”.

“En una segunda etapa, se instalan las unidades de pacificación social [UPS], que realizan trabajo comunitario en el territorio recuperado, con el fin de mejorar y garantizar el ingreso de servicios formales, junto a los vecinos y habitantes de la zona”, explicó Kravetz, quien aseguró que el proyecto “va a tener los votos para ser tratado, a más tardar, en los próximos meses”.

Las unidades armadas estarían compuestas por agentes de la Policía Metropolitana y su tamaño dependerá de la población a la que estén atendiendo. El proyecto prevé que las unidades más grandes estarán compuestas por 400 policías. Esa fuerza será necesaria cuando haya una población superior a los 20.000 habitantes.

A pesar de que la Metropolitana cuenta con 5200 uniformados, sin embargo, el impulsor del proyecto sostiene que puede instrumentarse escalonadamente. “Con un máximo de 800 policías se podría empezar con las dos villas más problemáticas. Para combatir el narcotráfico, hay que ingresar en la 1-11-14 y en la 21-24. Así la situación cambiaría completamente.

RECUPERACIÓN TERRITORIAL

El trabajo da cuenta de que actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay 15 villas, dos villas urbanizadas, 24 asentamientos y dos núcleos habitacionales transitorios. Y replica la experiencia brasileña en las favelas de Río de Janeiro.

“La inclusión social y la urbanización son medidas fundamentales más impracticables por sí solas en una primera etapa. Ésta debe consistir necesariamente en la recuperación territorial de las manos de los grupos delictivos que ofician de autoridades de facto en esos territorios.

Tal es el caso de Río de Janeiro, que viene ejecutando desde 2008 un plan tendiente a erradicar el crimen organizado de las favelas”, indican las argumentaciones del proyecto.

Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, indicó que analizará la iniciativa: “Hay que ver cómo se plantea. Siempre estaremos de acuerdo en llevar más seguridad a la población. No es descabellado pensar en un debate sobre el asunto”. 

Al proyecto se podrá acceder en los distintos puntos donde se juntarán firmas y en un sitio en Facebook: https://www.facebook.com/politicasdepacificacion

Por Laura Rocha  | LA NACION
Nota

Otro round en el Parque Indoamericano

indoamericano opinion diego kravetz

Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

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