Luchar contra el delito, de una vez por todas

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El video que circuló esta semana del intento de robo por parte de un motochorro a un turista canadiense en el barrio de La Boca ilustra a la perfección muchas de las contradicciones que paralizan lamentablemente la lucha contra el delito. Tenemos la exhibición pública de un delincuente, capturado por la cámara in fraganti en el desarrollo de una acción criminal, un verdadero documento que prueba animosidad delictiva y que debería ser suficiente como para justificar la detención y conducir el proceso. El ladrón estaba armado e hizo varias amenazas a la víctima. Lo cruzó con una moto mientras éste transitaba en bicicleta por una bicisenda. Cuando el joven, que no comprendía la “solicitud” de su asaltante, se bajó del vehículo el ladrón lo empezó a seguir y lo arrinconó ordenándole nuevamente que le entregara su mochila. No hay que ser un abogado muy brillante para encontrar la figura delictiva en este caso.

La escena tiene algo de tragicómico. El turista, que no habla el idioma, repetía sin cesar “amigo, amigo”, como en un intento de calmar a su agresor, el cual se vio obligado a correrlo, con revólver en la mano y todo.

No obstante todo ello, el delincuente está suelto nuevamente. ¿Qué nos pasa? ¿Nos volvimos ya totalmente incapaces para proveer justicia que los casos más ostentosos quedan así de impunes?

En el Instituto Argentino Excelsior, del barrio de Caballito, los estudiantes sufren cada tres días intentos de robo y hechos de inseguridad. Anteayer trascendió el caso de un pibe que fue también interceptado por un motochorro que lo amenazó con un cuchillo para que le entregara el teléfono celular.

La indignación crece día a día entre los ciudadanos. Esto se dejó ver con mucha claridad con las declaraciones recientes del actor Ivo Cutzarida que generaron la adhesión de mucha gente en las redes sociales. El discurso de la indignación pide nada menos que la aplicación de la ley. Desde ese punto de vista las transgresiones cotidianas a nuestra sensación de seguridad que luego salen impunes están más o menos resguardadas en un mal ejercicio de la justicia.

Hay mucho de cierto en eso, pero también creo que el problema excede la mera aplicación de la ley. Casos como el del video ponen en jaque a los jueces ya que no hay un sistema de leyes que contemple la viabilidad probatoria de documentos como éste, producidos por los propios ciudadanos con las capacidades nuevas que nos da la tecnología. ¿Cómo puede ser que en una Ciudad en la que es muchísima la gente que tiene celulares con cámara, en una ciudad en la que casi todo puede ser grabado y transmitido a las mayorías, no estén mejor aceitados los mecanismos de sanción del delito? La ciudadanía misma es en este momento un potencial dispositivo de vigilancia y control y sin embargo se encuentra más desprotegida que nunca.

La inseguridad va mutando, como también van cambiando nuestras posibilidades materiales de combatirla. Necesitamos leyes que se correspondan con el estado actual de la situación.

Contrariamente a ese deseo, los que se desentienden de la gravedad del asunto proceden por medio de la naturalización de la violencia. Y no creamos que la indignación colectiva es un indicador del fracaso de esta estrategia. Funciona muy bien. Pregúntense si no, honestamente, ¿cuántos de ustedes, luego de ver el video del intento de asalto, creyeron con convicción que el delincuente sería procesado?

Nos estamos acostumbrando a nuestra situación de desamparo y cada vez nos identificamos más con nuestra propia indignación. Buenos Aires es cada vez más una ciudad sitiada por el delito. Se camina por sus calles con miedo al otro, al desconocido. Delincuentes, trapitos, limpiavidrios, son personajes que se han vuelto demasiado cotidianos y producen frustración y enojo en la mayoría de los ciudadanos.

Para ganar la lucha contra el delito hay que empezarla, verdaderamente. Con toda la honestidad que eso requiere, la de admitir que hemos dejado que años de marginalidad, resultado de pésimas administraciones públicas, se llevaran consigo la buena voluntad de muchos ciudadanos. Pero el orden no puede depender de la buena voluntad. Al orden hay que saber armarlo. Principalmente, envistiendo contra el delito en todas sus formas y con todas nuestras herramientas.

Por eso insistimos en la necesidad de que se declare la emergencia en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no queremos más desentendimiento oportunista de las autoridades. No queremos más discusiones estériles sobre si los medios de comunicación exageran o no exageran las cosas. Hablen con sus vecinos y pregúntenles, cuántas veces los robaron, o los agredieron física o verbalmente en la calle. Ahí están los números que indican cómo estamos perdiendo contra la desidia, la informalidad y la falta de orden. Y estamos perdiendo, sencillamente, porque no estamos luchando en serio.

 

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Berni se equivoca, la pacificación no fracasó

favelas brasil diego kravetz

Sergio Berni está equivocado. El martes, en Animales Sueltos, criticó la iniciativa que se está llevando a cabo en Río de Janeiro para combatir al narcotráfico y dijo que fue “un fracaso”. No es cierto.

El Instituto de Políticas de Pacificación, que presido, viene siguiendo muy de cerca el caso, principalmente porque en él se inspira nuestro proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Rio de Janeiro es la ciudad de Brasil con la mayor cantidad de favelas. En ellas operan muchos grupos de narcotraficantes, lo cual agravala precariedad de vida un clima de constante violencia. Cualquiera que haya visto la película Ciudad de Dios se hará una imagen. De hecho, la historia transcurre en La Rocinha, la única favela en Río que ocupa la totalidad de un área administrativa. Para hacer una analogía con Buenos Aires, sería como si una villa ocupara la totalidad de una comuna.

En el 2008 se implementó por primera vez el uso de UPPs – Unidades de Policía de Pacificación, en la favela de Santa Marta. Para el 2013, había bases en 38 barrios. Según datos del Instituto de Seguridad Pública, en esos 38 barrios se registró una disminución del 50% de los homicidios.

Los vecinos de los barrios pacificados reconocen los cambios y dicen estar conformes. En Santa Marta, según estudios de la Fundación Getúlio Vargas, las UPPs tienen la aceptación del 87% de la comunidad. En Ciudad de Dios, el 93% se muestra conforme. Las 17 comunidades que recibieron UPPs en los últimos años registraron aumentos notables de negocios y comercios.

Una investigación del Banco Mundial realizada en 2011 comparaba el estado de tres favelas con UPPs con una que, en ese momento, no tenía. En las favelas en vías de pacificación se registraba una mejor relación de los habitantes con las fuerzas policiales, comunidades más afianzadas y mayor integración de esas zonas con el resto de la ciudad. 

Estos datos se encuentran incluidos en un documento elaborado por IPP al que pueden acceder todos, inclusive Berni.www.politicasdepacificacion.org

Por eso, insisto con la necesidad de aprender de la experiencia brasileña. Nuestro proyecto de ley -que, vale decirlo, es la única propuesta concreta respecto a cómo combatir el narcotráfico e integrar las villas a la Ciudad- logra incorporar los métodos brasileros a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque afortunadamente tiene menos villas y menos narcos, no deja de tener un escenario de profunda gravedad.

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Linchamientos: síntomas de una enfermedad curable

linchamientos opinión diego kravetz

La discusión pública sobre el delito y la inseguridad tiene ahora un nuevo concepto. El tema de los “linchamientos”, que está en boca de todos, debería ser un llamado de atención: el problema de la violencia en nuestras grandes ciudades está alcanzando proporciones alarmantes. Las actos de violencia espontáneos de ciudadanos contra delincuentes demuestran que la lógica de los segundos está empezando a infectar el comportamiento de los primeros. En otras palabras, la gente está sintiendo que su condición de víctima puede ser revertida por el mismo uso de la fuerza que emplean los criminales.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.

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Iniciativa para pacificar las villas

políticas de pacificación

Hace dos semanas lanzamos oficialmente el IPP (Instituto de Políticas de Pacificación), con la intención de ayudar a mejorar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto tiene hechos varios trabajos de investigación sobre el problema de la inseguridad, similitudes y diferencias con los casos de otras regiones, y plantea una iniciativa para terminar con el delito organizado.

Tal iniciativa consiste en un proyecto de ley al que dimos en llamar Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, que propone emular la experiencia realizada en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Río es una de las ciudades más pobladas de Brasil y es la que tiene la mayor cantidad de favelas. Desde 2008 el Estado interviene en estos asentamientos precarios a través de unas fuerzas especiales llamadas UPP -Unidades de Policía Pacificadora- que son escuadrones especializados en combatir el delito organizado. En otras palabras: echan a los narcos de las favelas.

¿Es comparable el problema de las villas en la Ciudad de Buenos Aires al de Río? Si bien nuestra problemática es de proporciones mucho más modestas, el crecimiento acelerado de la cantidad de villas y de la actividad delictiva dentro de ellas nos permite pensar que lo que pasa hoy en Río puede ser el futuro de Buenos Aires si no lo combatimos correctamente.

En Brasil la intervención de las UPPs viene dando buenos resultados. El procedimiento de “pacificación” consiste en dos etapas: primero se saca a los narcos de las villas, lo cual requiere un trabajo de inteligencia policial que tenga en cuenta las particularidades de cada zona (sociales, territoriales y de diversas índoles) de modo tal que se pueda garantizar la reducción del delito sin poner en riesgo a personas inocentes, que son la mayoría de los ciudadanos que habitan en villas y asentamientos. Una vez expulsados los delincuentes de las villas se procede a una segunda etapa, que según la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires consistirá en la instalación en el territorio de UPSs – Unidades de Pacificación Social. Estas estarán coordinadas por funcionarios de la Secretaría de Habitat de la Ciudad y contarán con equipos de trabajo comunitario cuya función será la de asegurar la llegada del Estado a esos territorios. A partir de eso podrá iniciarse el proceso de urbanización, que consistirá en dar servicios públicos, mejorar las condiciones habitacionales y permitir la aparición de escuelas, hospitales, comercios y demás establecimientos fundamentales para la vida de los ciudadanos.

Esto ya se está haciendo en Río de Janeiro y podemos hacerlo en Buenos Aires. Para que la Legislatura trate este proyecto de ley necesitamos reunir 40.000 firmas que equivalen al 1,5% del padrón electoral porteño. Los invito a visitarla página de IPP en Facebook, a leer el proyecto de ley y acercarse a nuestras mesas. Allí estuvimos recolectando firmas desde este fin de semana. Juntos podemos pacificar Buenos Aires y garantizar un mejor futuro: sin narcos y sin villas.

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El desalojo en Villa Lugano y la responsabilidad de “los que dan derechos”

barrio papa francisco Diego Kravetz

En algún momento de los próximos días quizá se lleve a cabo el desalojo del predio en Villa Lugano, recientemente bautizado por los ocupantes como barrio “Papa Francisco”. Veremos en qué termina. Es difícil prever si logrará hacerse efectivo o no. Sea cual sea el resultado, de lo que quiero hablar es de los obstáculos que vienen poniendo al desalojo distintos referentes de la política. Me voy a referir a ellos como “los que dan derechos”. No es que dar derechos esté mal, pero en este caso pareciera que los derechos nunca conllevan responsabilidades ni deberes. El que da derechos tiene un antagonista histórico, que es el que quiere solucionar todo a los palos. Ambos, mal que les pese, se parecen mucho en que tienen respuestas de antemano para los problemas más delicados y dilemáticos del país. Cuando el que quiere solucionar todo a los palos dice “hay que reventarlos a todos y que se dejen de joder” el que da derechos dice “hay que integrarlos, no hay que reprimirlos”. Es obvio que nos gustan más los que dan derechos, es más lindo hablar de derechos que de palos, pero basta con que nos corramos un poco de ese lugar para notar que las respuestas prefabricadas, vengan de donde vengan, son solo cortinas de humo para no ver la complejidad real de los problemas.

Para referentes de la política y legisladores de UNEN, el Partido Obrero, el MST y el Frente Para la Victoria, entre otros, el desalojo está mal y lo traban todo lo que pueden. No ofende a su mentalidad, al parecer, que las condiciones de vida que dejan aletargarse en esos territorios para todos los ocupantes, grandes y chicos por igual, sean calamitosas. Mucho menos los enerva que la ocupación sea ilegal y que tense la convivencia de toda la ciudadanía, desgaste a los vecinos y colabore con el clima de violencia creciente que se vive en Buenos Aires. O que la ocupación de espacios verdes represente una degradación de los espacios comunes. En el repertorio de sus máximas, “dar derechos”rankea alto, mientras que “hacer cumplir las leyes” o “terminar con las condiciones paupérrimas de vida” brillan por su ausencia.

Pero no es ése el punto al que quiero llegar. Cualquiera puede discrepar con mi visión al respecto. Supongamos que usted está en contra del desalojo. Está convencido, como estos dirigentes, de que los ocupantes deben poder permanecer allí. Muy bien, yo le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacerse cargo de los daños directos y colaterales? Mucha gente discrepaba con nosotros cuando apoyamos la recuperación de fábricas durante la crisis de finales de los 90 y principios de los 2000. Recordarán que en esa época muchas fábricas fueron tomadas por la fuerza por sus trabajadores para evitar el cese de su actividad laboral. La historia demostró que esas recuperaciones fueron fundamentales para la reactivación económica que adoptó condiciones más formales con el gobierno de Néstor Kirchner algunos años más tarde. ¿Qué hicieron los trabajadores que tomaron las fábricas, los abogados, legisladores y otros dirigentes que apoyaron la causa? Asumieron el rol de depositarios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se hacían responsables ante la justicia de la conservación y buen mantenimiento de las fábricas, maquinaria y demás elementos que, claramente, no les pertenecían. Del mismo modo, los territorios ocupados en Villa Lugano no les pertenecen ni a los ocupantes ni a los dirigentes que defienden la ocupación. En ese caso, yo propongo, si tanto objetan el desalojo, si tan fundamental para los derechos de esta gente es sostener su presencia en ese cementerio de autos (dicho sea de paso, un lugar de pésimas condiciones de sanidad como para dejar que vivan las familias hoy allí asentadas) que se asuman como depositarios judiciales, que se hagan cargo de lo que están defendiendo.

Podemos discrepar, nadie tiene la verdad absoluta y es por eso que existe la política. Lo que no podemos es ser oportunistas y menos aún cuando los costos los paga otro. Entonces, a los que objetan el desalojo, los invito a responsabilizarse por la decisión que están tomando, una decisión que va a pesar en la convivencia de muchos vecinos.

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Otro round en el Parque Indoamericano

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Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

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Un año sin novedades para el padre Carlos y el Bajo Flores

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Hace poco más de un año, en esta misma columna, les contaba cómo entré en contacto con el padre Carlos Bouzón, de la parroquia San Judas Tadeo del Bajo Flores (link a la nota). El padre se comunicó conmigo a través de Twitter debido a que había leído mi nota de la semana anterior en la que hablaba sobre la calidad de nuestras fuerzas de seguridad y de la necesidad de que las policías de distintas jurisdicciones colaboren entre sí.

El padre Carlos y yo nos encontramos y él me mostró cómo es la realidad cotidiana del Bajo Flores, barrio donde se encuentra una de las villas más grandes y peligrosas de Buenos Aires:la 1-11-14. Caminar por esas calles cuando el sol empieza a caer sobre las edificaciones y los pibitos de 14 años salen como zombies a buscar paco es una experiencia que no la puede reflejar ninguna estadística, ningún comunicado oficial sobre si sube o baja la cantidad de delitos en la Ciudad. Las tripas no entienden de números, se te revuelven y ya.

Con la gendarmería estaban mejor, dicen los vecinos de la zona, pero la gendarmería no logra terminar de hacer pie en un territorio extenso y hostil. Eso contábamos hace un año y, lamentablemente, no ha habido novedades al día de la fecha. Muchas calles siguen sin vigilancia y sin luz. Venimos diciendo hace rato que tenemos un Estado ausente, pero creo que, para ser más correctos deberíamos hablar de un Estado que hace actos selectivos de presencia. Donde el Estado no se decide a estar presente, las opciones para las personas comunes y corrientes no son muchas: sobrellevar la situación lo mejor que se pueda o actuar, hacer un intento, un esfuerzo por pacificar internamente a una comunidad donde gobierna la violencia.

El padre Carlos opta siempre por lo segundo. Y les puedo asegurar, porque caminé con él, que no es fácil. Por eso quiero aprovechar este espacio, habiéndose cumplido un año de mi primer encuentro con él (el primero de muchos, uno más fructífero que el otro), para reivindicar el trabajo del padre Carlos y para insistir en esta petición final con la que cerré mi nota de hace un año: en Bajo Flores, dije en su momento, necesitan una mano. Hoy la siguen necesitando. No cualquier mano, la mano del Estado… una mano visible para todos los vecinos.

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Las villas, los cárteles y el Estado

villa 1 11 14- opinión Diego Kravetz

No se sabe bien cuántos cárteles operan de momento en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen que son cuatro. Podrían ser más, podrían ser menos. Lo que sí se sabe es que desde mediados de la década pasada para acá, la composición y la dinámica de los grupos delictivos en la ciudad variaron mucho con la llegada de los peruanos, que están mayormente asentados en la 1-11-14 del Bajo Flores y en partes de la villa 31. Su comportamiento criminal difiere del de los cárteles de bolivianos y paraguayos, de más larga data en Buenos Aires. Tienen otros códigos de conducta: mientras que bolivianos y paraguayos se enfrentan sólo con miembros de sus cárteles enemigos, los peruanos se meten también con sus familiares y conocidos. Todos son delincuentes, desde luego, pero esta diferencia es importante porque acrecienta el clima de violencia ya de por sí bastante pronunciado que existe en las villas y que se volvió más que evidente el 7 de septiembre del año pasado con la muerte de Kevin Molina, de 9 años, en Villa Zabaleta, durante un tiroteo entre narcos.

¿Qué hace el Estado al respecto? Las “irregularidades” en el Sedronar denunciadas por el nuevo titular, el padre Juan Carlos Molina, dejan ver un precedente de negligencia sobre el cual el Gobierno ha decidido desentenderse. Con bastante descaro, Jorge Capitanich (personaje al cual tuvimos que aceptar como la voz de la presidenta, cada vez más callada) habla de las denuncias realizadas por Molina como si fuesen un logro. ¿Es que recién ahora el Estado acaba de llegar al Sedronar? No menos descarada es su reciente declaración de que la seguridad es competencia de las provincias, como si el mapa del narcotráfico no fuese transversal a muchas jurisdicciones ni requiriese un trabajo en conjunto y planificado de nuestras fuerzas de seguridad, como si no fuese un problema de carácter federal. En vez de eso, el Gobierno cree que hace suficiente ubicando a la gendarmería en la zona sur de Capital. Ciertamente esto puede contener el clima de violencia momentáneamente, pero ¿cuál es el plan?

Soluciones momentáneas para problemas que ya deberían haber agotado su tiempo. Ni el Gobierno nacional, ni el Gobierno de la Ciudad, ni mucho menos el Gobierno de la Provincia parecen tener ánimo de conducir un plan en conjunto que pueda reducir a los grupos delictivos y pacificar las zonas de conflicto. Cada tanto leemos sobre el desmantelamiento de alguna banda de narcos, como ocurrió en 2009 con la captura de tres narcos peruanos en la 1-11-14. Esas bandas se van y, si no vuelven, son reemplazadas por otras.

La necesidad de recuperar el territorio es cada vez más imperante y demanda un trabajo posterior a la reducción de los grupos delictivos que requiere de la presencia policial continua. Una vez que sacamos a los narcos de las villas hay que evitar que vuelvan y al mismo tiempo hay que darle a la comunidad motivos para que no los extrañen. No olvidemos que, donde no hay Estado presente, son estos grupos los que hacen de “intendentes de facto”, los que proveen servicios, seguridad y resolución de conflictos (ya lo dijimos, las villas son el reinado de lo irónico). Lo que se impone ahora como prioridad es sacarlos de las villas y mejorar en ellas las condiciones de vida precaria y de informalidad que son un imán para el crimen organizado.

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Villas y especulación inmobiliara (parte VII)

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Hace rato que en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza viene siendo un gran negocio. Ironías que abundan en las villas miseria y hacen que el problema sea cada vez más complejo y difícil de resolver.

Sabemos que en la 31 y la 31bis, , que conforman el complejo habitacional precario con la mayor tasa de crecimiento en los últimos años, las edificaciones no paran. Cuando no quedan territorios hacia los cuales expandirse el límite es el cielo: las edificaciones crecen hacia arriba con 5, 6 o hasta 7 pisos, en condiciones que ponen en riesgo la vida de los propios inquilinos.

La proliferación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires se dio en los últimos años de manera vertical, es decir, a través de la construcción de edificios. Esto produce lo que se conoce como “densificación”, un aumento de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes por hectáreas. La misma tendencia se ha registrado en las villas y asentamientos precarios. En 2009 la prensa hablaba de construcciones de hasta 5 pisos en las villas 31 y 31 bis. Esa densificación, en las villas, trajo consigo una mayor oferta de unidades para alquiler, lo que consolidó el mercado informal inmobiliario.

Desde luego, el crecimiento de estas estructuras es absolutamente improvisado, carece de cualquier evaluación previa sobre el terreno y la infraestructura. Pero tienen sus dueños y también sus inquilinos. ¿Cuánto cuesta el alquiler de esas piezas? Entre 1000 y 1500 pesos por mes. Una diferencia no tan grande con los costos de alquiler de un monoambiente en zonas del sur de la capital, que promedian los 2000 pesos. El espacio promedio de estas piecitas es de 20 m2, la mitad del tamaño de un departamento que cualquier hijo de vecino consideraría pequeño en el mejor de los casos. Los pisos son mayormente de cemento aislado, casi no tienen revoques en la paredes. Muchas tienen techos de losa y otras directamente de chapa. Algunos investigadores distinguen entre dos tipos de alquiler: el que hacen algunos vecinos de sus viviendas como forma de obtener un ingreso y el de los inquilinatos, que son edificaciones con entre 20 y 30 cuartos, con un propietario que cobra altas tarifas.

Las condiciones de vida son precarísimas. Aun así el Estado subvenciona el pago de los alquileres, cada vez más costosos, a los dueños ilegítimos de estas edificaciones ilegales. Permite también las conexiones clandestinas de electricidad y agua, por las cuales ni dueños ni inquilinos pagan un peso.

Un centenar de familias, imposibilitadas para afrontar los aumentos de los costos de alquiler, comenzó a asentarse durante el año pasado en el borde de la autopista Illia. Esto no hace otra cosa que sumar más riesgos. Mientras las viviendas ilegales crecen en las villas, las piezas se venden a montos que llegan hasta los 200.000 pesos y aumenta la desigualdad en Buenos Aires. Desigualdad que afecta tanto a los residentes de las villas que viven en condiciones infrahumanas como para los ciudadanos que viven en zonas lindantes donde crece la inseguridad y la frustración: ellos sí tienen que pagar luz, agua y ABL, servicios ciertamente cada vez más costosos y, como muestran los hechos recientes, más defectuosos.

Los gobiernos implementan una política de dejar hacer o directamente se hacen presente de los modos más fáciles, a través de subvenciones que mantienen el estado de situación y dejando que el problema se agrave y que los costos los paguen otros: los ciudadanos de hoy y los gobiernos de mañana. Es vital para la coexistencia pacífica y la dignidad de toda la ciudadanía que se tomen cartas en el asunto inmediatamente, con políticas serias y a largo plazo que den un marco de formalidad y pacifiquen la vida de todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires.

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Villas de Capital y favelas de Brasil (parte VI)

favelas brasil diego kravetz

La situación en Brasil -especialmente en Río de Janeiro– sigue siendo más problemática que en Argentina. De todas maneras, y a pesar de la distancia, se debe atender este caso, puesto que las tasas de crecimiento y expansión de las villas en Buenos Aires son ciertamente preocupantes.

Si bien la ciudad de Río posee una población muy superior a la de Buenos Aires (6.320.446 habitantes contra nuestros 2.890.151), el 5,7% de la población de nuestra metrópolis vive en asentamientos precarios, mientras que en Río de Janeiro es el 22%. En Río la cantidad total de habitantes es mucho mayor, incluso proporcionalmente a su superioridad poblacional con respecto a Buenos Aires; aquí los habitantes de asentamientos precarios se encuentran mucho más concentrados.

Basta con analizar los casos de los dos complejos habitacionales precarios más poblados de Río y Buenos Aires, laRocinha y la 21-24 respectivamente.

La Rocinha es la favela más grande, no sólo de Río de Janeiro sino de Brasil. Tiene un total de 69.161 habitantes, que representa el 4,8% de la población de asentamientos precarios de la ciudad carioca. Es la única favela que abarca la totalidad de una región administrativa de la ciudad (en otras regiones, las favelas ocupan porciones variables).

Del otro lado, la 21-24 de Barracas, que tiene 29.782 habitantes, supone 18,2% de la población de asentamientos de Buenos Aires. Estos números hablan de una mayor concentración de los habitantes de asentamientos precarios en comparación con Río.

No sólo Río de Janeiro alberga la precariedad habitacional. Son casi once millones y medio de personas las que viven en Brasil en lo que allí se denomina “aglomerados subnormales”. No es un dato menor: según el relevamiento realizado por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, representa un 6% de la población total.

La mitad se reparte exclusivamente entre los estados de San Pablo y Río de Janeiro. Las principales ciudades de estos estados, San Pablo y Río de Janeiro, muestran por lejos las mayores concentraciones de favelas. La ciudad de Río de Janeiro tiene aproximadamente 1,4 millones de habitantes en asentamientos precarios. Le sigue San Pablo, con 1,3 millones. Son números parecidos, pero con un impacto muy diferente: en Río de Janeiro, esa cantidad supone un 22% de la población, casi el doble de la proporción que representa en San Pablo.

El resto de las ciudades viene muy por detrás: Salvador, por ejemplo, tiene 882 mil habitantes de favelas (33%) y Belém785 mil (el 54% de la población, por cierto alarmante). Fortaleza, Recife o Manaos presentan números altos, aunque más bajos, entre 200 y 400 mil habitantes.

En materia de inseguridad, las favelas empezaron a transformarse en territorio narco a mediados de los 80. En ese momento llegó la cocaína, y a finales de los 80 apareció el tráfico de armas. En esa época los narcotraficantes estaban mejor armados que la policía.

Con muchas dificultades, Brasil enfrenta el problema. La principal diferencia hasta acá entre la política brasileña y la argentina es la decisión firme del Estado brasilero de urbanizar.

En la Argentina, y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, no hay políticas públicas claras al respecto, por lo que se van manteniendo las situaciones de hecho con el Estado mirando muchas veces para otro lado. O lo que es peor, fomentado situaciones irregulares e indignas con fines meramente políticos.

 

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