Floresta: acusan a barras de All Boys de vender drogas bajo la fachada de un delivery de pizzas

denuncia all boys

La denuncia la presentaron los abogados massistas Diego Kravetz y Florencia Arietto, ex jefa de seguridad de Independiente, en representación de los vecinos. También apuntan a la complicidad policial.

Cansados por los hechos de inseguridad, vecinos de la comuna 10 de la Capital Federal denunciaron que hay una “zona liberada” para el accionar de barrabravas y otros delincuentes dedicados al robo y la venta de drogas. Continuar leyendo “Floresta: acusan a barras de All Boys de vender drogas bajo la fachada de un delivery de pizzas”

“No imagino a los legisladores que bancaron la toma viviendo en esas condiciones”

villa papa francisco

Diego Kravetz, referente del Frente Renovador en la Ciudad, criticó el tratamiento que le dio el gobierno porteño al conflicto de la villa Papa Francisco. Además denunció que hoy es imposible combatir a las mafias narco que operan en las villas del sur de la Capital.

“No me imagino a ningún legislador que fue a bancar la toma viviendo en esas condiciones. O algún funcionario que viva en un lugar que es un cementerio de autos, tiene óxido en el suelo y eso provoca cáncer”, declaró Kravetz en diálogo con Paulino Rodrígues en InfobaeTV. Continuar leyendo ““No imagino a los legisladores que bancaron la toma viviendo en esas condiciones””

La demagogia de La Cámpora y los valores villeros

padre mugica diego kravetz

La Cámpora está impulsando un proyecto de ley para hacer del 7 de octubre el “Día Nacional de los Valores Villeros”. La fecha elegida coincide con el nacimiento del Padre Carlos Mujica, quién tuvo una militancia ejemplar en los barrios pobres – especialmente en la Villa 31 – y un rol fundamental dentro de lo que fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La labor del Padre Mugica lo convirtió en una figura emblemática de las luchas por la equidad social. Recibió críticas desde distintos sectores políticos (incluido el movimiento de los Montoneros, en cuya gestación Mugica estuvo de alguna manera involucrado) y finalmente fue asesinado en el barrio de Villa Luro a la salida de una misa, al parecer – ya que nunca estuvo del todo claro – a manos de la Triple A.

El legado social y político de Mugica es sin duda alguna digno de reconocimiento. El proyecto de ley, sin embargo, invoca una serie de ambigüedades alrededor de los supuestos “valores villeros”, concepto extraño que desde La Cámpora quieren instalar.

 Con la autoproclamada intención de desestigmatizar la nomenclatura de villero, los impulsores y defensores de este proyecto -Andrés “El Cuervo” Larroque, Juan Cabandié, Anabel Fernández Sagasti, entre otros- explican que estos valores consisten en “solidaridad, optimismo, generosidad, esperanza, humildad y valor por lo colectivo”. En un ejercicio muy sencillo de sentido común, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, replicó que esos valores son universales y no dependen de un sector social. Ciertamente, la justificación de los diputados de La Cámpora ante la Comisión de Legislación General que dio dictamen favorable al proyecto, hace agua en cuanto a intentar disfrazar valores humanos universales como valores de clase. Y esta maniobra no puede tener otro rótulo que el de demagógica.

Aclaremos los tantos: una cosa es desestigmatizar y otra muy distinta es exaltar. Estoy de acuerdo en que es necesario, para una mejor convivencia social, que la expresión “villero” deje de ser pretexto para fomentar la segregación y el odio entre las personas. Villero es el que vive en una villa, nada menos… pero tampoco nada más.

Las villas son fenómenos de precarización en todo sentido: urbanístico, habitacional, político y social. La responsabilidad de que esa precarización exista y se prolongue es del Estado. En ese sentido, mientras que adhiero a la idea de no discriminar a una persona por el mero hecho de vivir en una villa – situación que no habla en modo alguno de sus condiciones morales e intelectuales–, me parece alarmante que funcionarios públicos propongan la asociación de un concepto que arrastra consigo décadas de miseria a valores inmaculados como los de la solidaridad y el optimismo.

El mito de los pobres como personas esencialmente buenas ha sido siempre una maniobra clasemediera para expiar culpas de clase. Hay pobres buenos y pobres malos. El problema para la política debiera ser que no haya pobres.

El concepto de “valores villeros” expresa entonces dos cosas: el derrotismo cultural de naturalizar a la pobreza y a las condiciones precarias de vida como invariantes de la historia, por un lado, y la inescrupulosidad y cinismo descarado de los representantes que se dicen “progresistas” porque reivindican formas de vida circunstanciales y lamentables sólo porque ellos no son quienes las padecen. Para ser más claros: si a Cabandié y a Larroque les parece tan inmaculada la condición de los villeros que se vayan a vivir ellos a una villa.

A diferencia de estos dirigentes de La Cámpora, el Padre Mugica decía cosas como: “Señor, perdoname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no”. Mugica entendía la diferencia entre él y los pobres. La entendía y la padecía. La pobreza no era para él algo que reivindicar sino algo de lo que había que salir. La lucha era para erradicar la pobreza. Es sencillamente esto lo que estos pibes bien, con sus honorarios y comodidades de funcionarios públicos (a los que no están dispuestos a renunciar) no entienden: la diferencia entre la pobreza y los pobres. Los pobres son personas que merecen -como cualquier conciudadano- nuestro respeto. La pobreza es una condición lamentable que reclama la erradicación a través del trabajo, la planificación pública y la cooperación de todos los representantes y organismos del Estado.

Que villero deje de ser una mala palabra no debería implicar que se convierta en un elogio, en un signo de heroísmo. Las villas no son algo de lo que debamos sentir orgullo porque hablan de los malos manejos del Estado. Lo que estos chicos de la Cámpora quieren es lavar sus culpas de clase para seguir haciendo la vista gorda a un problema que nadie, ni el Gobierno al que tanto defienden, resuelve.

Las generalizaciones de clase le hacen muy mal al país, especialmente cuando se usan demagógicamente para justificar las desigualdades sociales. Al pastiche ridículo de los “valores villeros” yo quisiera oponer el concepto universal tan imprescindible como tergiversado de los derechos humanos, que deben ser defendidos en todas partes, y especialmente allí donde el Estado menos los respeta.

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Iniciativa para pacificar las villas

políticas de pacificación

Hace dos semanas lanzamos oficialmente el IPP (Instituto de Políticas de Pacificación), con la intención de ayudar a mejorar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto tiene hechos varios trabajos de investigación sobre el problema de la inseguridad, similitudes y diferencias con los casos de otras regiones, y plantea una iniciativa para terminar con el delito organizado.

Tal iniciativa consiste en un proyecto de ley al que dimos en llamar Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, que propone emular la experiencia realizada en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Río es una de las ciudades más pobladas de Brasil y es la que tiene la mayor cantidad de favelas. Desde 2008 el Estado interviene en estos asentamientos precarios a través de unas fuerzas especiales llamadas UPP -Unidades de Policía Pacificadora- que son escuadrones especializados en combatir el delito organizado. En otras palabras: echan a los narcos de las favelas.

¿Es comparable el problema de las villas en la Ciudad de Buenos Aires al de Río? Si bien nuestra problemática es de proporciones mucho más modestas, el crecimiento acelerado de la cantidad de villas y de la actividad delictiva dentro de ellas nos permite pensar que lo que pasa hoy en Río puede ser el futuro de Buenos Aires si no lo combatimos correctamente.

En Brasil la intervención de las UPPs viene dando buenos resultados. El procedimiento de “pacificación” consiste en dos etapas: primero se saca a los narcos de las villas, lo cual requiere un trabajo de inteligencia policial que tenga en cuenta las particularidades de cada zona (sociales, territoriales y de diversas índoles) de modo tal que se pueda garantizar la reducción del delito sin poner en riesgo a personas inocentes, que son la mayoría de los ciudadanos que habitan en villas y asentamientos. Una vez expulsados los delincuentes de las villas se procede a una segunda etapa, que según la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires consistirá en la instalación en el territorio de UPSs – Unidades de Pacificación Social. Estas estarán coordinadas por funcionarios de la Secretaría de Habitat de la Ciudad y contarán con equipos de trabajo comunitario cuya función será la de asegurar la llegada del Estado a esos territorios. A partir de eso podrá iniciarse el proceso de urbanización, que consistirá en dar servicios públicos, mejorar las condiciones habitacionales y permitir la aparición de escuelas, hospitales, comercios y demás establecimientos fundamentales para la vida de los ciudadanos.

Esto ya se está haciendo en Río de Janeiro y podemos hacerlo en Buenos Aires. Para que la Legislatura trate este proyecto de ley necesitamos reunir 40.000 firmas que equivalen al 1,5% del padrón electoral porteño. Los invito a visitarla página de IPP en Facebook, a leer el proyecto de ley y acercarse a nuestras mesas. Allí estuvimos recolectando firmas desde este fin de semana. Juntos podemos pacificar Buenos Aires y garantizar un mejor futuro: sin narcos y sin villas.

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Otro round en el Parque Indoamericano

indoamericano opinion diego kravetz

Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

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Villas de Capital y favelas de Brasil (parte VI)

favelas brasil diego kravetz

La situación en Brasil -especialmente en Río de Janeiro– sigue siendo más problemática que en Argentina. De todas maneras, y a pesar de la distancia, se debe atender este caso, puesto que las tasas de crecimiento y expansión de las villas en Buenos Aires son ciertamente preocupantes.

Si bien la ciudad de Río posee una población muy superior a la de Buenos Aires (6.320.446 habitantes contra nuestros 2.890.151), el 5,7% de la población de nuestra metrópolis vive en asentamientos precarios, mientras que en Río de Janeiro es el 22%. En Río la cantidad total de habitantes es mucho mayor, incluso proporcionalmente a su superioridad poblacional con respecto a Buenos Aires; aquí los habitantes de asentamientos precarios se encuentran mucho más concentrados.

Basta con analizar los casos de los dos complejos habitacionales precarios más poblados de Río y Buenos Aires, laRocinha y la 21-24 respectivamente.

La Rocinha es la favela más grande, no sólo de Río de Janeiro sino de Brasil. Tiene un total de 69.161 habitantes, que representa el 4,8% de la población de asentamientos precarios de la ciudad carioca. Es la única favela que abarca la totalidad de una región administrativa de la ciudad (en otras regiones, las favelas ocupan porciones variables).

Del otro lado, la 21-24 de Barracas, que tiene 29.782 habitantes, supone 18,2% de la población de asentamientos de Buenos Aires. Estos números hablan de una mayor concentración de los habitantes de asentamientos precarios en comparación con Río.

No sólo Río de Janeiro alberga la precariedad habitacional. Son casi once millones y medio de personas las que viven en Brasil en lo que allí se denomina “aglomerados subnormales”. No es un dato menor: según el relevamiento realizado por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, representa un 6% de la población total.

La mitad se reparte exclusivamente entre los estados de San Pablo y Río de Janeiro. Las principales ciudades de estos estados, San Pablo y Río de Janeiro, muestran por lejos las mayores concentraciones de favelas. La ciudad de Río de Janeiro tiene aproximadamente 1,4 millones de habitantes en asentamientos precarios. Le sigue San Pablo, con 1,3 millones. Son números parecidos, pero con un impacto muy diferente: en Río de Janeiro, esa cantidad supone un 22% de la población, casi el doble de la proporción que representa en San Pablo.

El resto de las ciudades viene muy por detrás: Salvador, por ejemplo, tiene 882 mil habitantes de favelas (33%) y Belém785 mil (el 54% de la población, por cierto alarmante). Fortaleza, Recife o Manaos presentan números altos, aunque más bajos, entre 200 y 400 mil habitantes.

En materia de inseguridad, las favelas empezaron a transformarse en territorio narco a mediados de los 80. En ese momento llegó la cocaína, y a finales de los 80 apareció el tráfico de armas. En esa época los narcotraficantes estaban mejor armados que la policía.

Con muchas dificultades, Brasil enfrenta el problema. La principal diferencia hasta acá entre la política brasileña y la argentina es la decisión firme del Estado brasilero de urbanizar.

En la Argentina, y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, no hay políticas públicas claras al respecto, por lo que se van manteniendo las situaciones de hecho con el Estado mirando muchas veces para otro lado. O lo que es peor, fomentado situaciones irregulares e indignas con fines meramente políticos.

 

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Villas y seguridad (parte V)

urbanización villa 20

Dos de las tres villas más populosas de la Ciudad de Buenos Aires están en el Sur. La 1-11-14 y la 21-24 son emblemáticas en una zona en la que se acumulan asentamientos.

Se trata de un tema sensible para la seguridad. Por eso, el “Operativo Unidad-Cinturón Sur”, creado por decreto en el 2011, cambió las funciones de la Prefectura y la Gendarmería, pero también la lógica de distribución de las fuerzas de seguridad en el Sur de la Ciudad.

Hasta ese entonces, ni la Prefectura, ahora a cargo de la 21-24, ni la Gendarmería, a cargo de la 1-11-14, tenían funciones de seguridad en la zona.

En otras palabras, mientras Nilda Garré estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, ni gendarmes ni prefectos entraban a las villas. Ese escenario cambió a partir de la gestión de Sergio Berni, secretario de Seguridad.

Los gendarmes y los prefectos empezaron a caminar dentro de las villas en binomios o trinomios y establecieron además algunos puestos perimetrales.

En una segunda etapa, se creó un cuerpo dentro de la Policía Federal capacitado como policía comunitaria especialista en villas. Ellos también se meten dentro de la villa. La caminan en trinomios.

La seguridad en las villas enfrenta tres problemas centrales. El primero, es la extensión y lo laberínticas que son.Nada fáciles de controlar, por cierto.

El segundo gran problema es el de los adictos menores ligados a la delincuencia. No le tienen miedo a la policía, según reconocen los especialistas, a la vez que los juzgados penales estiman que unos 4 mil menores que delinquen no pasan más de 24 horas detenidos.

Por último, y acaso sea lo más complejo, están las bandas narco. Las más grandes acopian y distribuyen marihuana en la 21-24. Las más importantes en materia de cocaína están en la 1-11-14.

En ese contexto, es cierto que el Operativo Cinturón Sur -con la policía de proximidad- mejoró las relaciones de vecindad dentro de la villa y bajó algo la delincuencia en los perímetros.

Sin embargo, en la 1-11-14 y en las 21-24 sigue mandando la droga. Tanto por las bandas como por los pibes que matan y se matan, la tragedia dice presente todos los días. Es momento de dar un paso más. 

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Villas y servicios públicos (parte IV)

villas opinion diego kravetz

¿Qué pasa en las villas con la luz, el agua, el gas, el teléfono, el cable, las cloacas¿Tienen o no tienen? ¿Pagan o no pagan? ¿Inciden las formas de acceso a los servicios públicos en la inflación de la especulación inmobiliaria de las villas?

Vamos por partes. Sabemos que en las villas hay mas de 40.000 viviendas. Estas viviendas tienen luz. ¿Cómo se abastecen? El sistema es así: como le dicen en la jerga, cada villa tiene “un tranfo” (un transformador) del cual sale el tendido que abastecen a cada una de las casas.

¿Edesur y Edenor le cobran a cada uno de los usuarios? No. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires paga el consumo total del “tranfo”. Por ello, la luz para cada uno de los habitantes de las villas es gratis.

¿Qué pasa con el agua? Acá el sistema es distinto: se realizan extensiones de caños ilegales o el Gobierno de la Ciudad provee directamente el agua potable. Por lo tanto, el agua también es gratis.

Con el gas el tema es simple, no hay tendido. Se usa garrafa. La garrafa la paga cada uno de los vecinos. sabemos que el gas envasado es el más caro del mercado.

El teléfono fijo existe en la villa, en pequeñas proporciones. No hay líneas nuevas, pero las de larga data se mantienen y las paga cada usuario.

Mayormente no hay red cloacal. Pasan camiones del Gobierno de la Ciudad que recogen la mierda. En algún momento habría que hacer la cuenta, es probable que el costo mensual del camioncito prorratiado en el tiempo, ya hubiese permitido instalar la red de cloacas más de una vez.

No tienen para comer pero tienen tele”. Seguro que esa frase la escuchamos más de una vez. Un famoso profesor sostenía que son “pobres pero semiotizados”. Efectivamente:  hay cable en las villas. Y los usuarios lo pagan. El sistema funciona así: las empresas prestatarias tienen una cuadrilla de grandotes. Al que no pagan, le cortan. Y al que se hace el vivo, le pegan.

En este caso, el método del privado es más efectivo que el del Estado. Porque cuando no hay Estado, el privado que gana es el más fuerte: los grandotes. Sin ordenamiento muchos padecen y unos pocos se benefician.

 
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Villas y saqueos (parte III)

saqueos opinión diego kravetz

En los últimos días la mayoría de nosotros vivimos atónitos los acuartelamientos policiales y los saqueos en distintas provincias argentinas. Sin diferenciar oficialismo de oposición, donde “paró” la policía hubo saqueos.

Desde un sector del oficialismo se esgrimió la teoría que los saqueadores eran enviados por la policía. Puede ser que sí. Puede que no. Lo cierto es que la relación entre sectores enormemente pobres con la posibilidad de que se los utilicen para delinquir existe.

Esos grandes bolsones de pobreza son caldo de cultivo para que los maneje la policía o el narcotráfico. O los dos.

En ambos casos no hay ley. Hay dominio a través de la fuerza. Esta ausencia de ley incluye a la policía que, como reconoce el gobierno nacional, puede mandar a pobres a delinquir.

De las villas de la Ciudad no salieron a saquear. La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Metropolitana no pararon. ¿Podría haber pasado? Sin duda.

En las villas de la Ciudad el 42% de las mujeres son jefas de hogar. Según cuentan los curas villeros existe una relación estrecha entre muchas de estas mujeres y el narcotráfico. Esta relación es por protección. Los narcos las protegen, ellas ayudan en el tráfico. 

En las villas solo el 6% tiene trabajo formal. El 37% tiene trabajo informal. El 26% hacen changas.

De estas debilidades vive un sector de las fuerzas de seguridad. Y el narcotráfico.

El Gobierno se equivoca de cabo a rabo cuando piensa que contiene a este vasto sector social con planes y con gobernadores amigos. La “Liga de Gobernadores”, que puso al jefe de Gabinete, miró atónico cómo dejaron de ser la garantía de gobernabilidad en la Argentina.

¿Cómo se sale de esta encrucijada? Para empezar, y salir de la coyuntura, el miembro de la fuerza de seguridad que no entiende que está supeditada al poder político tiene que pasar inmediatamente a retiro. Si son muchos, habrá que pasarlos igual. ¿Por qué? Muy sencillo, son personas armadas y con uniforme que actúan por afuera de la ley.

¿Para adelante cómo se sale? Con más ley, mucha más ley, que quiere decir reglas claras e iguales para todos. Con mucha más educación. Y con muchos menos planes.

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