El desalojo en Villa Lugano y la responsabilidad de “los que dan derechos”

barrio papa francisco Diego Kravetz

En algún momento de los próximos días quizá se lleve a cabo el desalojo del predio en Villa Lugano, recientemente bautizado por los ocupantes como barrio “Papa Francisco”. Veremos en qué termina. Es difícil prever si logrará hacerse efectivo o no. Sea cual sea el resultado, de lo que quiero hablar es de los obstáculos que vienen poniendo al desalojo distintos referentes de la política. Me voy a referir a ellos como “los que dan derechos”. No es que dar derechos esté mal, pero en este caso pareciera que los derechos nunca conllevan responsabilidades ni deberes. El que da derechos tiene un antagonista histórico, que es el que quiere solucionar todo a los palos. Ambos, mal que les pese, se parecen mucho en que tienen respuestas de antemano para los problemas más delicados y dilemáticos del país. Cuando el que quiere solucionar todo a los palos dice “hay que reventarlos a todos y que se dejen de joder” el que da derechos dice “hay que integrarlos, no hay que reprimirlos”. Es obvio que nos gustan más los que dan derechos, es más lindo hablar de derechos que de palos, pero basta con que nos corramos un poco de ese lugar para notar que las respuestas prefabricadas, vengan de donde vengan, son solo cortinas de humo para no ver la complejidad real de los problemas.

Para referentes de la política y legisladores de UNEN, el Partido Obrero, el MST y el Frente Para la Victoria, entre otros, el desalojo está mal y lo traban todo lo que pueden. No ofende a su mentalidad, al parecer, que las condiciones de vida que dejan aletargarse en esos territorios para todos los ocupantes, grandes y chicos por igual, sean calamitosas. Mucho menos los enerva que la ocupación sea ilegal y que tense la convivencia de toda la ciudadanía, desgaste a los vecinos y colabore con el clima de violencia creciente que se vive en Buenos Aires. O que la ocupación de espacios verdes represente una degradación de los espacios comunes. En el repertorio de sus máximas, “dar derechos”rankea alto, mientras que “hacer cumplir las leyes” o “terminar con las condiciones paupérrimas de vida” brillan por su ausencia.

Pero no es ése el punto al que quiero llegar. Cualquiera puede discrepar con mi visión al respecto. Supongamos que usted está en contra del desalojo. Está convencido, como estos dirigentes, de que los ocupantes deben poder permanecer allí. Muy bien, yo le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacerse cargo de los daños directos y colaterales? Mucha gente discrepaba con nosotros cuando apoyamos la recuperación de fábricas durante la crisis de finales de los 90 y principios de los 2000. Recordarán que en esa época muchas fábricas fueron tomadas por la fuerza por sus trabajadores para evitar el cese de su actividad laboral. La historia demostró que esas recuperaciones fueron fundamentales para la reactivación económica que adoptó condiciones más formales con el gobierno de Néstor Kirchner algunos años más tarde. ¿Qué hicieron los trabajadores que tomaron las fábricas, los abogados, legisladores y otros dirigentes que apoyaron la causa? Asumieron el rol de depositarios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se hacían responsables ante la justicia de la conservación y buen mantenimiento de las fábricas, maquinaria y demás elementos que, claramente, no les pertenecían. Del mismo modo, los territorios ocupados en Villa Lugano no les pertenecen ni a los ocupantes ni a los dirigentes que defienden la ocupación. En ese caso, yo propongo, si tanto objetan el desalojo, si tan fundamental para los derechos de esta gente es sostener su presencia en ese cementerio de autos (dicho sea de paso, un lugar de pésimas condiciones de sanidad como para dejar que vivan las familias hoy allí asentadas) que se asuman como depositarios judiciales, que se hagan cargo de lo que están defendiendo.

Podemos discrepar, nadie tiene la verdad absoluta y es por eso que existe la política. Lo que no podemos es ser oportunistas y menos aún cuando los costos los paga otro. Entonces, a los que objetan el desalojo, los invito a responsabilizarse por la decisión que están tomando, una decisión que va a pesar en la convivencia de muchos vecinos.

Infobae.com
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Narcotráfico: quieren establecer una fuerza para pacificar las villas

políticas de pacificación

La iniciativa del dirigente Diego Kravetz se presentará ante la Legislatura porteña mediante iniciativa popular, una vez que se hayan recolectado las firmas correspondientes al 1,5% del padrón.

Con el tema como uno de los asuntos de agenda de la clase política, el dirigente porteño Diego Kravetz elaboró un proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada por el Instituto de Políticas de Pacificación (IPP), entidad que preside.

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Otro round en el Parque Indoamericano

indoamericano opinion diego kravetz

Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

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