¿Queremos o no queremos seguridad?

Cuatro o cinco borrachos hacen un escándalo en la esquina de tu casa. En tu puerta hay un auto abandonado hace una semana. La plaza para tus hijos está copada por un grupito de veinteañeros sacados al que nadie se anima a echar. Un vecino pone la música fuerte a las cuatro de la mañana del martes. Sorteás tres marchas para llegar al trabajo. El trapito te amenaza para cuidarte el auto.

Casi ninguna de esas situaciones constituye un delito.

Sin embargo, la sociedad exige que aparezca la policía a resolverlas.

¿Por qué?

En primer lugar, porque sentimos miedo ante la falta de orden. Guardamos la certeza de que en el medio del caos, tenemos más posibilidades de ser víctimas de un delito.

Ese fue el punto de partida de Rudy Giuliani en Nueva York. De hecho, su teoría de “Ventanas rotas” aborda desde el Estado las pequeñas conductas que alteran el orden público para poder tener una caída significativa del delito.

Es tan simple como esto: si al bajar del colectivo, ves a un policía en lugar de a los cuatro o cinco borrachos de la esquina, va disminuir la inseguridad, más allá del mediático debate sobre las sensaciones.

La otra gran discusión es si la enorme inversión en seguridad para el ordenamiento del espacio público va en desmedro del gasto social. La polémica nació en Estados Unidos y Europa hace cuarenta años y duró más de dos décadas.

En el medio, Giuliani inmortalizó su Tolerancia Cero, que se hizo famosa en el mundo como una solución robusta a la inseguridad en grandes centros urbanos.

En Argentina somos oscilantes. Pasamos del edicto policial aplicado discresionalmente y a reglamento, a dejar la calle en un limbo y que cada uno se arregle como pueda.

Por eso, tenemos que responder a dos preguntas. Una, si queremos tener un espacio público ordenado. Y la segunda, si bancamos el costo de ordenarlo.

La respuesta a la primera pregunta es bastante obvia: a todos, sin importar nuestra clase social, nos gustaría vivir mejor y con menos miedo.

¿Es posible conseguirlo? No mientras no querramos ver al trapito ni “trabajando” ni detenido. No mientras nos quejemos de los trapitos y de las detenciones de los trapitos. Por mucho que sea sin armas, la utilización de la fuerza pública siempre parece hacer ruido.

Tanto para una conducta sospechosa como para una contravención, el procedimiento es simple: orden verbal y acción policial en caso de incumplimiento de la orden. Nada más.

De a un paso por vez, el Estado tiene que recuperar la calle. Sin miedo ni excesos. Conduciendo a las fuerzas de seguridad con responsabilidad y decisión política. No contra ellas. Sin control del espacio público, no tenemos nada.

En este sentido recuperar el rol de la autoridad policial que plantea la Nación a través del del Protocolo es de suma importancia.

De ninguna manera significa validar el gatillo fácil, por el contrario, anima a actuar en la calle a las fuerzas de seguridad con un marco jurídico claro, siempre en defensa de terceros y ellos mismos. Sabiendo que el poder político va apoyar su actuación mientras se dé en el marco del protocolo y que el poder judicial, independientemente del sesgo ideológico que tenga el Juez, tiene una norma clara en la cual juzgar el accionar del agente.

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