Por qué estoy a favor de la despenalización del aborto

Esta semana comenzó en el Congreso un debate que, por lo arduo de la cuestión, parece será prolongado y que versa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, cuestión que viene siendo discutida hace décadas en la región. Mucho de lo que se hablará tendrá que ver con posturas personales, ideológicas, filosóficas y religiosas, pero tenemos que tener en cuenta que los distintos proyectos de ley que se tratarán, con matices, se pronuncian acerca de remover al aborto de la esfera penal. Creo que es clave discutirlo en esos términos. Como argentinos debemos buscar extender lo que consideramos aborto no punible, porque las consecuencias de no hacerlo no son ideológicas o filosóficas sino muy reales.

Algunos señalan que el tema de la despenalización es un falso debate, argumentando que son muy pocas las denuncias por aborto en nuestro país. Esto es falso. Según el último informe de IPAS sobre la región, en Argentina hay 417 condenas por el delito de aborto entre 1990 y 2008. Recordemos el triste caso de una joven de 25 años conocida como “Belén”, que concurrió a un Hospital en Tucumán en 2014 por un aborto espontáneo y, al despertar de una intervención que le salvó la vida, se encontró rodeada de policías y fue injustamente condenada a 8 años de prisión tras un dudoso proceso judicial. Afortunadamente, tras dos y años y medio y con el apoyo de distintos actores nacionales e internacionales del tercer sector, fue absuelta por la Corte Suprema de Tucumán.

Si en algo debemos estar de acuerdo es en que no se puede tratar como criminal a una mujer que se halla en la difícil situación de tener que practicarse un aborto, por los motivos que sean. Sin embargo, evitar la condena penal no es la principal causa por la que debemos despenalizar el aborto. El artículo 86 del Código Penal de la Nación prevé penas de prisión e inhabilitación especiales para los profesionales que efectúen abortos punibles. Este artículo y su aplicación judicial provocan en parte que el aborto sea hoy la principal causa de la mortalidad materna en nuestro país, porque la mayoría de ellos se realizan de forma clandestina, sin la contención médica y sanitaria imprescindible y, en los casos de existir esto último, a costos económicos altísimos. El nefasto resultado de un aborto clandestino mal practicado siempre terminan padeciéndolo las mujeres más humildes.

En parte porque, hasta hace no mucho tiempo, se respetaba la jurisprudencia del fallo “Natividad Frías”, que habilitaba a que un profesional de la salud que recibiera bajo su atención a una mujer víctima de un aborto mal practicado no la denunciara penalmente. Esto promovía que, si alguien había efectuado un aborto de manera clandestina y sufría dolencias, por lo menos asistiera sin temor a la ayuda profesional adecuada. Eso salvaba vidas. En los últimos tiempos, nuevos fallos en contrario de esta jurisprudencia han quebrado también esa confianza.

Un trabajo de Amnistía Internacional señala que se practican 450 mil abortos clandestinos por año en Argentina. En 2016, 43 mujeres murieron por lo que se denomina “embarazo terminado en aborto”. Cuando discutimos a favor de la despenalización, es contra esto que estamos bregando.

La interrupción voluntaria del embarazo es, a fin de cuentas, una cuestión de salud pública y, más allá de cualquier matiz que en este sentido adopte la norma que finalmente se dicte, nunca, pero nunca, deberia criminalizar a la mujer.

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