Narcotráfico: quieren establecer una fuerza para pacificar las villas

políticas de pacificación

La iniciativa del dirigente Diego Kravetz se presentará ante la Legislatura porteña mediante iniciativa popular, una vez que se hayan recolectado las firmas correspondientes al 1,5% del padrón.

Con el tema como uno de los asuntos de agenda de la clase política, el dirigente porteño Diego Kravetz elaboró un proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada por el Instituto de Políticas de Pacificación (IPP), entidad que preside.

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Como en Brasil, quieren una fuerza para pacificar las villas

fuerzas de pacificación Diego Kravetz

Una iniciativa pretende formar unidades con agentes de la Metropolitana.

 

 
Como en Brasil, quieren una fuerza para pacificar las villas. Foto: Archivo 

 

La lucha contra el narcotráfico podría llegar al recinto de la Legislatura porteña si prospera una iniciativa que propone crear unidades de pacificación policial y social dentro de las villas y asentamientos porteños.

El proyecto, creado por el Instituto de Políticas de Pacificación, presidido por el dirigente porteño Diego Kravetz, será presentado oficialmente hoy. Desde mañana instalará mesas en la Ciudad en busca de firmas para ingresar el plan en la Legislatura como iniciativa popular, para lo que necesita el apoyo del 1,5% del padrón local.

Según el borrador, al que tuvo acceso la nacion, las unidades de pacificación policial “son cuerpos de policía especialmente entrenadas para intervenir en zonas de conflicto y combatir al narcotráfico, que es la principal fuente de violencia en las villas y asentamientos”.

“En una segunda etapa, se instalan las unidades de pacificación social [UPS], que realizan trabajo comunitario en el territorio recuperado, con el fin de mejorar y garantizar el ingreso de servicios formales, junto a los vecinos y habitantes de la zona”, explicó Kravetz, quien aseguró que el proyecto “va a tener los votos para ser tratado, a más tardar, en los próximos meses”.

Las unidades armadas estarían compuestas por agentes de la Policía Metropolitana y su tamaño dependerá de la población a la que estén atendiendo. El proyecto prevé que las unidades más grandes estarán compuestas por 400 policías. Esa fuerza será necesaria cuando haya una población superior a los 20.000 habitantes.

A pesar de que la Metropolitana cuenta con 5200 uniformados, sin embargo, el impulsor del proyecto sostiene que puede instrumentarse escalonadamente. “Con un máximo de 800 policías se podría empezar con las dos villas más problemáticas. Para combatir el narcotráfico, hay que ingresar en la 1-11-14 y en la 21-24. Así la situación cambiaría completamente.

RECUPERACIÓN TERRITORIAL

El trabajo da cuenta de que actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay 15 villas, dos villas urbanizadas, 24 asentamientos y dos núcleos habitacionales transitorios. Y replica la experiencia brasileña en las favelas de Río de Janeiro.

“La inclusión social y la urbanización son medidas fundamentales más impracticables por sí solas en una primera etapa. Ésta debe consistir necesariamente en la recuperación territorial de las manos de los grupos delictivos que ofician de autoridades de facto en esos territorios.

Tal es el caso de Río de Janeiro, que viene ejecutando desde 2008 un plan tendiente a erradicar el crimen organizado de las favelas”, indican las argumentaciones del proyecto.

Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, indicó que analizará la iniciativa: “Hay que ver cómo se plantea. Siempre estaremos de acuerdo en llevar más seguridad a la población. No es descabellado pensar en un debate sobre el asunto”. 

Al proyecto se podrá acceder en los distintos puntos donde se juntarán firmas y en un sitio en Facebook: https://www.facebook.com/politicasdepacificacion

Por Laura Rocha  | LA NACION
Nota

Proponen llenar las villas de policías – Nota publicada en clarín.com

policias villas diego kravetz

Es una iniciativa para combatir el narcotráfico.

Más de 400 policías para las villas con más de 20.000 habitantes. Y no menos de 100 para los asentamientos chicos. En medio de la polémica sobre cómo combatir el narcotráfico, un ex jefe de bloque kirchnerista propuso llenar las villas de efectivos. El modelo que toma para su proyecto es el que suelen menear varios dirigentes: el de Río de Janeiro. Continuar leyendo “Proponen llenar las villas de policías – Nota publicada en clarín.com”

Otro round en el Parque Indoamericano

indoamericano opinion diego kravetz

Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

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Las voces oficiales y qué nos dicen sobre el narcotráfico

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Uno de los temas de la semana, y que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en varias entregas de esta columna semanal, fue la “discrepancia” entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Seguridad,Sergio Berni, sobre si la Argentina es o no un país de producción de droga.

La misma se desarrolló en el contexto de dos entrevistas radiales a cada uno de los funcionarios: primero Agustín Rossi aseguró en Radio Rivadavia que Argentina pasó de ser un país de tránsito y consumo a uno de elaboración.Además estableció la importancia de conducir un trabajo de inteligencia y reducción del delito organizado, el cual -según el ministro- tiene más larga data que el narcotráfico (antes los delincuentes se dedicaban a otros delitos y en cierto punto habrían “cambiado de rubro”).

Por otro lado, Sergio Berni fue entrevistado por La Red. Desconoció haber escuchado a Rossi hacer tales declaraciones y desmintió la clasificación de Argentina como un país productor debido a que, según la definición que maneja Berni de producción, ésta implica la elaboración de la materia prima, es decir la cocaína mayormente, para la cual no están dadas en el país las condiciones geográficas y climáticas. En una segunda entrevista en Rock & Pop, Berni se explayó sobre esta cuestión terminológica: la “producción” de cocaína se realiza en los países geográficamente aptos (Colombia, Bolivia y Perú); aquí se ejercen procesos adicionales como la adulteración (diluir la pureza de la materia prima para aumentar su cantidad y hacerla rentable), fraccionado y envasado (en el caso del éxtasis, cuya materia prima viene de Asia) y distribución. En esta segunda entrevista el secretario de Seguridad expresó su posición a favor de la despenalización de la marihuana y citó al narcotraficante Pablo Escobar para sostener que la lucha contra el narcotráfico tiene una desventaja numérica con respecto a los delincuentes. Esto último escandalizó a la prensa y varios periodistas, aunque si uno escucha la entrevista la idea fue sacada de contexto: Berni venía hablando de la ineficacia de los medios tradicionales de combatir al narcotráfico, pero no sentenció ninguna imposibilidad para hacerlo.

Lo que sí es motivo de preocupación es ver que no hay una visión unificada en el cuerpo de funcionarios del gobierno sobre cómo referirse al problema y mucho menos cómo tratarlo. No es de extrañarse pues que todo gire en torno a cuestiones puramente semánticas: lo que Rossi llamó “elaboración” para Berni es otra cosa. Hay que saber distinguir el carácter de ambos discursos. Rossi hizo una declaración política, Berni hizo una explicación técnica. Para calmar a las fieras, Capitanich declaró que se trató simplemente de interpretaciones distintas sobre lo mismo. Lo que realmente le interesa al Gobierno es dejarnos en claro que la Argentina no es un país productor. Muy bien, ¿y con eso qué?

Lo que tiene que ocupar nuestra atención son los modos de desmantelar el delito organizado en el país que viene creciendo desde hace varios años. Berni reconoce este aumento no sólo en el hecho de que cada vez es mayor sino que también más violento. Para el secretario de Seguridad esto es algo que no pasa solo en la Argentina sino que expresa una tendencia mundial. Nuevamente tiene razón, como también es cierto que aquí el problema no está tan avanzado como en Colombia o Brasil por citar dos casos. Sin embargo todavía seguimos preguntándonos qué acciones concretas se tomarán para evitar que lleguemos a ser como estos países. Y mal que nos pese, como venimos diciendo, hablar de narcotráfico debería obligarnos a hablar de las condiciones de vida precarias en las que viven cada vez más ciudadanos en villas miseria y asentamientos, tema que no fue señalado por ninguna de las voces que participan de este tira y afloje mediático. Ya es sabido que en estos complejos habitacionales opera la mayor parte de los cárteles y que la exclusión social es un caldo de cultivo para que los narcos recluten mano de obra.

Las declaraciones de Rossi apuntan más a proyectar su oposición política contra el Gobierno de Santa Fe que a un verdadero planteo de resolución de este conflicto que creció bajo la vista gorda de autoridades de diversos distritos y jurdisdicciones (empezando por el propio Gobierno Nacional).

Parece que el coro de las voces oficiales empieza a desajustarse y cada uno canta por su lado la melodía que más le conviene. Hace poco el Gobierno empezó a reconocer (por motivos puramente de fuerza mayor) la existencia en el país de problemas que aquejan a la población y cuya existencia negó por mucho tiempo: el narcotráfico es uno de ellos.

Si se produce o no se produce en el país es una discusión de segundo orden. Lo que está clarísimo es que Argentina es parte del circuito de la droga a nivel continental y que los medios para frenarlo no están dando resultado. Quizás no estamos apuntando al lugar correcto. ¿Qué puntería tendrá el Gobierno ahora que para todo le tiembla la mano?

Diego Kravetz

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Un año sin novedades para el padre Carlos y el Bajo Flores

padre carlos opinan diego kravetz

Hace poco más de un año, en esta misma columna, les contaba cómo entré en contacto con el padre Carlos Bouzón, de la parroquia San Judas Tadeo del Bajo Flores (link a la nota). El padre se comunicó conmigo a través de Twitter debido a que había leído mi nota de la semana anterior en la que hablaba sobre la calidad de nuestras fuerzas de seguridad y de la necesidad de que las policías de distintas jurisdicciones colaboren entre sí.

El padre Carlos y yo nos encontramos y él me mostró cómo es la realidad cotidiana del Bajo Flores, barrio donde se encuentra una de las villas más grandes y peligrosas de Buenos Aires:la 1-11-14. Caminar por esas calles cuando el sol empieza a caer sobre las edificaciones y los pibitos de 14 años salen como zombies a buscar paco es una experiencia que no la puede reflejar ninguna estadística, ningún comunicado oficial sobre si sube o baja la cantidad de delitos en la Ciudad. Las tripas no entienden de números, se te revuelven y ya.

Con la gendarmería estaban mejor, dicen los vecinos de la zona, pero la gendarmería no logra terminar de hacer pie en un territorio extenso y hostil. Eso contábamos hace un año y, lamentablemente, no ha habido novedades al día de la fecha. Muchas calles siguen sin vigilancia y sin luz. Venimos diciendo hace rato que tenemos un Estado ausente, pero creo que, para ser más correctos deberíamos hablar de un Estado que hace actos selectivos de presencia. Donde el Estado no se decide a estar presente, las opciones para las personas comunes y corrientes no son muchas: sobrellevar la situación lo mejor que se pueda o actuar, hacer un intento, un esfuerzo por pacificar internamente a una comunidad donde gobierna la violencia.

El padre Carlos opta siempre por lo segundo. Y les puedo asegurar, porque caminé con él, que no es fácil. Por eso quiero aprovechar este espacio, habiéndose cumplido un año de mi primer encuentro con él (el primero de muchos, uno más fructífero que el otro), para reivindicar el trabajo del padre Carlos y para insistir en esta petición final con la que cerré mi nota de hace un año: en Bajo Flores, dije en su momento, necesitan una mano. Hoy la siguen necesitando. No cualquier mano, la mano del Estado… una mano visible para todos los vecinos.

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Las villas, los cárteles y el Estado

villa 1 11 14- opinión Diego Kravetz

No se sabe bien cuántos cárteles operan de momento en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen que son cuatro. Podrían ser más, podrían ser menos. Lo que sí se sabe es que desde mediados de la década pasada para acá, la composición y la dinámica de los grupos delictivos en la ciudad variaron mucho con la llegada de los peruanos, que están mayormente asentados en la 1-11-14 del Bajo Flores y en partes de la villa 31. Su comportamiento criminal difiere del de los cárteles de bolivianos y paraguayos, de más larga data en Buenos Aires. Tienen otros códigos de conducta: mientras que bolivianos y paraguayos se enfrentan sólo con miembros de sus cárteles enemigos, los peruanos se meten también con sus familiares y conocidos. Todos son delincuentes, desde luego, pero esta diferencia es importante porque acrecienta el clima de violencia ya de por sí bastante pronunciado que existe en las villas y que se volvió más que evidente el 7 de septiembre del año pasado con la muerte de Kevin Molina, de 9 años, en Villa Zabaleta, durante un tiroteo entre narcos.

¿Qué hace el Estado al respecto? Las “irregularidades” en el Sedronar denunciadas por el nuevo titular, el padre Juan Carlos Molina, dejan ver un precedente de negligencia sobre el cual el Gobierno ha decidido desentenderse. Con bastante descaro, Jorge Capitanich (personaje al cual tuvimos que aceptar como la voz de la presidenta, cada vez más callada) habla de las denuncias realizadas por Molina como si fuesen un logro. ¿Es que recién ahora el Estado acaba de llegar al Sedronar? No menos descarada es su reciente declaración de que la seguridad es competencia de las provincias, como si el mapa del narcotráfico no fuese transversal a muchas jurisdicciones ni requiriese un trabajo en conjunto y planificado de nuestras fuerzas de seguridad, como si no fuese un problema de carácter federal. En vez de eso, el Gobierno cree que hace suficiente ubicando a la gendarmería en la zona sur de Capital. Ciertamente esto puede contener el clima de violencia momentáneamente, pero ¿cuál es el plan?

Soluciones momentáneas para problemas que ya deberían haber agotado su tiempo. Ni el Gobierno nacional, ni el Gobierno de la Ciudad, ni mucho menos el Gobierno de la Provincia parecen tener ánimo de conducir un plan en conjunto que pueda reducir a los grupos delictivos y pacificar las zonas de conflicto. Cada tanto leemos sobre el desmantelamiento de alguna banda de narcos, como ocurrió en 2009 con la captura de tres narcos peruanos en la 1-11-14. Esas bandas se van y, si no vuelven, son reemplazadas por otras.

La necesidad de recuperar el territorio es cada vez más imperante y demanda un trabajo posterior a la reducción de los grupos delictivos que requiere de la presencia policial continua. Una vez que sacamos a los narcos de las villas hay que evitar que vuelvan y al mismo tiempo hay que darle a la comunidad motivos para que no los extrañen. No olvidemos que, donde no hay Estado presente, son estos grupos los que hacen de “intendentes de facto”, los que proveen servicios, seguridad y resolución de conflictos (ya lo dijimos, las villas son el reinado de lo irónico). Lo que se impone ahora como prioridad es sacarlos de las villas y mejorar en ellas las condiciones de vida precaria y de informalidad que son un imán para el crimen organizado.

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Villas y especulación inmobiliara (parte VII)

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Hace rato que en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza viene siendo un gran negocio. Ironías que abundan en las villas miseria y hacen que el problema sea cada vez más complejo y difícil de resolver.

Sabemos que en la 31 y la 31bis, , que conforman el complejo habitacional precario con la mayor tasa de crecimiento en los últimos años, las edificaciones no paran. Cuando no quedan territorios hacia los cuales expandirse el límite es el cielo: las edificaciones crecen hacia arriba con 5, 6 o hasta 7 pisos, en condiciones que ponen en riesgo la vida de los propios inquilinos.

La proliferación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires se dio en los últimos años de manera vertical, es decir, a través de la construcción de edificios. Esto produce lo que se conoce como “densificación”, un aumento de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes por hectáreas. La misma tendencia se ha registrado en las villas y asentamientos precarios. En 2009 la prensa hablaba de construcciones de hasta 5 pisos en las villas 31 y 31 bis. Esa densificación, en las villas, trajo consigo una mayor oferta de unidades para alquiler, lo que consolidó el mercado informal inmobiliario.

Desde luego, el crecimiento de estas estructuras es absolutamente improvisado, carece de cualquier evaluación previa sobre el terreno y la infraestructura. Pero tienen sus dueños y también sus inquilinos. ¿Cuánto cuesta el alquiler de esas piezas? Entre 1000 y 1500 pesos por mes. Una diferencia no tan grande con los costos de alquiler de un monoambiente en zonas del sur de la capital, que promedian los 2000 pesos. El espacio promedio de estas piecitas es de 20 m2, la mitad del tamaño de un departamento que cualquier hijo de vecino consideraría pequeño en el mejor de los casos. Los pisos son mayormente de cemento aislado, casi no tienen revoques en la paredes. Muchas tienen techos de losa y otras directamente de chapa. Algunos investigadores distinguen entre dos tipos de alquiler: el que hacen algunos vecinos de sus viviendas como forma de obtener un ingreso y el de los inquilinatos, que son edificaciones con entre 20 y 30 cuartos, con un propietario que cobra altas tarifas.

Las condiciones de vida son precarísimas. Aun así el Estado subvenciona el pago de los alquileres, cada vez más costosos, a los dueños ilegítimos de estas edificaciones ilegales. Permite también las conexiones clandestinas de electricidad y agua, por las cuales ni dueños ni inquilinos pagan un peso.

Un centenar de familias, imposibilitadas para afrontar los aumentos de los costos de alquiler, comenzó a asentarse durante el año pasado en el borde de la autopista Illia. Esto no hace otra cosa que sumar más riesgos. Mientras las viviendas ilegales crecen en las villas, las piezas se venden a montos que llegan hasta los 200.000 pesos y aumenta la desigualdad en Buenos Aires. Desigualdad que afecta tanto a los residentes de las villas que viven en condiciones infrahumanas como para los ciudadanos que viven en zonas lindantes donde crece la inseguridad y la frustración: ellos sí tienen que pagar luz, agua y ABL, servicios ciertamente cada vez más costosos y, como muestran los hechos recientes, más defectuosos.

Los gobiernos implementan una política de dejar hacer o directamente se hacen presente de los modos más fáciles, a través de subvenciones que mantienen el estado de situación y dejando que el problema se agrave y que los costos los paguen otros: los ciudadanos de hoy y los gobiernos de mañana. Es vital para la coexistencia pacífica y la dignidad de toda la ciudadanía que se tomen cartas en el asunto inmediatamente, con políticas serias y a largo plazo que den un marco de formalidad y pacifiquen la vida de todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires.

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Villas de Capital y favelas de Brasil (parte VI)

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La situación en Brasil -especialmente en Río de Janeiro– sigue siendo más problemática que en Argentina. De todas maneras, y a pesar de la distancia, se debe atender este caso, puesto que las tasas de crecimiento y expansión de las villas en Buenos Aires son ciertamente preocupantes.

Si bien la ciudad de Río posee una población muy superior a la de Buenos Aires (6.320.446 habitantes contra nuestros 2.890.151), el 5,7% de la población de nuestra metrópolis vive en asentamientos precarios, mientras que en Río de Janeiro es el 22%. En Río la cantidad total de habitantes es mucho mayor, incluso proporcionalmente a su superioridad poblacional con respecto a Buenos Aires; aquí los habitantes de asentamientos precarios se encuentran mucho más concentrados.

Basta con analizar los casos de los dos complejos habitacionales precarios más poblados de Río y Buenos Aires, laRocinha y la 21-24 respectivamente.

La Rocinha es la favela más grande, no sólo de Río de Janeiro sino de Brasil. Tiene un total de 69.161 habitantes, que representa el 4,8% de la población de asentamientos precarios de la ciudad carioca. Es la única favela que abarca la totalidad de una región administrativa de la ciudad (en otras regiones, las favelas ocupan porciones variables).

Del otro lado, la 21-24 de Barracas, que tiene 29.782 habitantes, supone 18,2% de la población de asentamientos de Buenos Aires. Estos números hablan de una mayor concentración de los habitantes de asentamientos precarios en comparación con Río.

No sólo Río de Janeiro alberga la precariedad habitacional. Son casi once millones y medio de personas las que viven en Brasil en lo que allí se denomina “aglomerados subnormales”. No es un dato menor: según el relevamiento realizado por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, representa un 6% de la población total.

La mitad se reparte exclusivamente entre los estados de San Pablo y Río de Janeiro. Las principales ciudades de estos estados, San Pablo y Río de Janeiro, muestran por lejos las mayores concentraciones de favelas. La ciudad de Río de Janeiro tiene aproximadamente 1,4 millones de habitantes en asentamientos precarios. Le sigue San Pablo, con 1,3 millones. Son números parecidos, pero con un impacto muy diferente: en Río de Janeiro, esa cantidad supone un 22% de la población, casi el doble de la proporción que representa en San Pablo.

El resto de las ciudades viene muy por detrás: Salvador, por ejemplo, tiene 882 mil habitantes de favelas (33%) y Belém785 mil (el 54% de la población, por cierto alarmante). Fortaleza, Recife o Manaos presentan números altos, aunque más bajos, entre 200 y 400 mil habitantes.

En materia de inseguridad, las favelas empezaron a transformarse en territorio narco a mediados de los 80. En ese momento llegó la cocaína, y a finales de los 80 apareció el tráfico de armas. En esa época los narcotraficantes estaban mejor armados que la policía.

Con muchas dificultades, Brasil enfrenta el problema. La principal diferencia hasta acá entre la política brasileña y la argentina es la decisión firme del Estado brasilero de urbanizar.

En la Argentina, y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, no hay políticas públicas claras al respecto, por lo que se van manteniendo las situaciones de hecho con el Estado mirando muchas veces para otro lado. O lo que es peor, fomentado situaciones irregulares e indignas con fines meramente políticos.

 

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Villas y seguridad (parte V)

urbanización villa 20

Dos de las tres villas más populosas de la Ciudad de Buenos Aires están en el Sur. La 1-11-14 y la 21-24 son emblemáticas en una zona en la que se acumulan asentamientos.

Se trata de un tema sensible para la seguridad. Por eso, el “Operativo Unidad-Cinturón Sur”, creado por decreto en el 2011, cambió las funciones de la Prefectura y la Gendarmería, pero también la lógica de distribución de las fuerzas de seguridad en el Sur de la Ciudad.

Hasta ese entonces, ni la Prefectura, ahora a cargo de la 21-24, ni la Gendarmería, a cargo de la 1-11-14, tenían funciones de seguridad en la zona.

En otras palabras, mientras Nilda Garré estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, ni gendarmes ni prefectos entraban a las villas. Ese escenario cambió a partir de la gestión de Sergio Berni, secretario de Seguridad.

Los gendarmes y los prefectos empezaron a caminar dentro de las villas en binomios o trinomios y establecieron además algunos puestos perimetrales.

En una segunda etapa, se creó un cuerpo dentro de la Policía Federal capacitado como policía comunitaria especialista en villas. Ellos también se meten dentro de la villa. La caminan en trinomios.

La seguridad en las villas enfrenta tres problemas centrales. El primero, es la extensión y lo laberínticas que son.Nada fáciles de controlar, por cierto.

El segundo gran problema es el de los adictos menores ligados a la delincuencia. No le tienen miedo a la policía, según reconocen los especialistas, a la vez que los juzgados penales estiman que unos 4 mil menores que delinquen no pasan más de 24 horas detenidos.

Por último, y acaso sea lo más complejo, están las bandas narco. Las más grandes acopian y distribuyen marihuana en la 21-24. Las más importantes en materia de cocaína están en la 1-11-14.

En ese contexto, es cierto que el Operativo Cinturón Sur -con la policía de proximidad- mejoró las relaciones de vecindad dentro de la villa y bajó algo la delincuencia en los perímetros.

Sin embargo, en la 1-11-14 y en las 21-24 sigue mandando la droga. Tanto por las bandas como por los pibes que matan y se matan, la tragedia dice presente todos los días. Es momento de dar un paso más. 

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