En seguridad es importante el equilibrio justo
En nuestro país solemos ser oscilantes en distintos temas. La seguridad no es la excepción. Otra vez volvemos a debatirnos entre dos extremos de un mismo péndulo. A decidir si nos ponemos del lado de la apología de la libertad a ultranza de unos, que significa para otros vivir auto-encarcelados en nuestras casas, o apoyamos la exigencia de una “vía de solución” tan absurda como aquella, que busca aplicar violencia desmedida contra un chivo expiatorio de turno. Este falso dilema nos impide avanzar hacia lo que es necesario y urgente.
 
Hace pocos meses discutíamos el Caso Chocobar. Hoy todos hablamos de Leandro Miguel Alcaraz, el joven colectivero que fue asesinado el domingo. Es cierto que hay criminales en condiciones precarias de vida, ¿pero qué tipo de justificación constituye esto para un asesinato a sangre fría, sin siquiera robo de por medio, en plena vía pública?
 
Es que estamos ante una pregunta equivocada. Nadie discute que los procesos penales y operativos se realicen con todas las garantías de la ley. El problema es justificar la actividad criminal por la pobreza, porque la otra cara de ese “garantismo” es el pedido de “mano dura”, argumento de una catarsis social que pide pena de muerte para cualquiera señalado como criminal. Porque de eso se trata el falso dilema: el “garantismo” y la “mano dura” son dos caras de la misma moneda, una moneda que representa el costo social de una problemática ciudadana que aún está lejos de resolverse.
 
Creo que para pacificar debemos buscar el punto común, que es lo que estamos haciendo hoy en la provincia. No solo me refiero a un acuerdo entre ciudadanos, sino entre las sucesivas administraciones. El espectro de posibilidades que existen por fuera de este péndulo es enorme si encontramos un punto de acuerdo que habilite un programa de trabajo a largo plazo como el que estamos implementando. Lo que hay que pensar es un esquema en el que el cumplimiento de la ley sea para todos igual, ricos o pobres, vivan donde vivan, sino lo que vemos es una discriminación inversa, dicho de otra manera, que vivir en la marginalidad habilita a violar la ley. Toda política de cumplimiento efectivo de la ley implica respeto y sanciones proporcionales a los delitos cometidos, de la misma forma que un programa de transformación en la situación social y cultural de grandes sectores de la población. Esto sólo se hace con más educación e inclusión.
 
No existe una solución única y fácil como pretenden quienes piden “mano dura”, ni una transformación por acto de fe, como parecen implicar quienes defienden el “garantismo”. Porque los errores en materia de seguridad ciudadana no tienen reparación posible. A las víctimas no podemos devolverles lo que han perdido, pero sí sumarlos en la construcción de un mejor sistema de convivencia que nos permita a todos vivir mejor.
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