La peor de las muertes en una nueva guerra narco

barrio papa francisco Diego Kravetz

Villa Lugano es una zona de conflicto. En ella se encuentran el Parque Indoamericano, la Villa 20 y el nuevo asentamiento conocido como barrio Papa Francisco, que nació a partir de la toma de un cementerio de autos. La informalidad que gana terreno en el sur de nuestra capital es obra del trabajo de distintos punteros políticos y de la connivencia silenciosa del Estado que, como sabemos, se desentiende del problema hasta que éste escala lo suficiente como para obligarlos a salir a dar alguna contención que enfríe un poco las cosas.

El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.

Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.

Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.

Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.

La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.

Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.

Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.

De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

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El Mundial y la seguridad en Brasil

brasil 2014 seguridad Diego Kravetz

Según una nota publicada en el sitio de ESPN el 23 de mayo, el Mundial de Brasil 2014 es el más lucrativo de la historia. También estaría siendo el más costoso: el gasto total estimado para el gobierno de Brasil sería de 14 mil millones de dólares. Gran parte de este total estaría destinada al mejoramiento de los estadios de las 12 ciudades en las que se juegan los partidos, los aeropuertos, el sistema de transporte y, por supuesto, la seguridad.

Brasil implementó el operativo de seguridad más grande jamás realizado para un campeonato de la FIFA. El presupuesto -mayor a 800 millones de dólares- que implicó la movilización de más de 150 mil policías y soldados fue, de acuerdo con Ralf Mutschke, director de seguridad de la FIFA, motivo de tranquilidad para el ente organizador del torneo, luego de los varios disturbios y manifestaciones acontecidos durante el tiempo previo al inicio del mundial.

Las medidas de seguridad que el Estado de Brasil tomó para este Mundial también están pensadas para las Juegos Olímpicos que se celebrarán allí en 2016. Además de la movilización de efectivos policiales y del ejército, se incluyó la compra de robots de Estados Unidos, drones de Israel y tanques de Alemania.

El modelo de robots utilizado es el packbot 510 y lo desarrolla una empresa estadounidense llamada iRobot. Son robots de asistencia militar equipados con cámaras y que pueden identificar artefactos explosivos improvisados, es decir, no convencionales en sentido militar. Cada unidad cuesta entre 100 mil y 200 mil dólares.

Por otro lado, los drones, más conocidos aquí en Argentina por la experiencia que se viene haciendo en el Municipio de Tigre, son vehículos aéreos no tripulados. Brasil compró a Elbit Systems, la empresa israelí de defensa, 2 ejemplares del modelo Hermes 900, que sobrevuelan el territorio.

En el medio de todo este despliegue de tecnología destinada a la seguridad, la policía de Brasil fue equipada con lentes de reconocimiento facial que sirven para identificar fácilmente entre una multitud la presencia de criminales buscados por la policía.

Cabe destacar que, junto con el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, Brasil ha sido recientemente sede de la cumbre medioambiental de las Naciones Unidas, los Juegos Mundiales Militares y la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en la que la visita del Papa Francisco convocó a  casi 4 millones de personas.

En el transcurso de los últimos años y con proyección a los que vienen, Brasil, un país que se perfila como potencia emergente ha sido el escenario de eventos internacionales que redimensionaron su necesidad de definir políticas de seguridad. Esto se vio cristalizado en el documento Garantía de Ley y Orden lanzado por el Ministerio de Defensa el año pasado. El mismo otorga potestad a las Fuerzas Armadas (ejército, prefectura y fuerzas aéreas) la capacidad de intervenir en conflictos de orden civil y establece los modos en los que pueden tener lugar sus intervenciones.

En definitiva, la militarización de la seguridad en Brasil, de la cual hemos dado cuenta en esta columna al referirnos a las Unidades de Policía de Pacificación que se vienen llevando a cabo en Río de Janeiro desde 2008, es una característica notable de sus políticas de seguridad en los últimos años.

Brasil es uno de los países de la región sudamericana con mayor cantidad de asentamientos precarios (favelas) donde operan los grupos de narcotraficantes más importantes de la región. Sus pretensiones de ascender globalmente como potencia mundial demandan un endurecimiento notable de su control securitario. En esta línea vienen sus iniciativas recientes en la materia para las cuales, la Copa Mundial de Fútbol, es sólo un desafío más que sólo una detallada evaluación posterior nos dirá qué tan bien supieron sortearlo.

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La demagogia de La Cámpora y los valores villeros

padre mugica diego kravetz

La Cámpora está impulsando un proyecto de ley para hacer del 7 de octubre el “Día Nacional de los Valores Villeros”. La fecha elegida coincide con el nacimiento del Padre Carlos Mujica, quién tuvo una militancia ejemplar en los barrios pobres – especialmente en la Villa 31 – y un rol fundamental dentro de lo que fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La labor del Padre Mugica lo convirtió en una figura emblemática de las luchas por la equidad social. Recibió críticas desde distintos sectores políticos (incluido el movimiento de los Montoneros, en cuya gestación Mugica estuvo de alguna manera involucrado) y finalmente fue asesinado en el barrio de Villa Luro a la salida de una misa, al parecer – ya que nunca estuvo del todo claro – a manos de la Triple A.

El legado social y político de Mugica es sin duda alguna digno de reconocimiento. El proyecto de ley, sin embargo, invoca una serie de ambigüedades alrededor de los supuestos “valores villeros”, concepto extraño que desde La Cámpora quieren instalar.

 Con la autoproclamada intención de desestigmatizar la nomenclatura de villero, los impulsores y defensores de este proyecto -Andrés “El Cuervo” Larroque, Juan Cabandié, Anabel Fernández Sagasti, entre otros- explican que estos valores consisten en “solidaridad, optimismo, generosidad, esperanza, humildad y valor por lo colectivo”. En un ejercicio muy sencillo de sentido común, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, replicó que esos valores son universales y no dependen de un sector social. Ciertamente, la justificación de los diputados de La Cámpora ante la Comisión de Legislación General que dio dictamen favorable al proyecto, hace agua en cuanto a intentar disfrazar valores humanos universales como valores de clase. Y esta maniobra no puede tener otro rótulo que el de demagógica.

Aclaremos los tantos: una cosa es desestigmatizar y otra muy distinta es exaltar. Estoy de acuerdo en que es necesario, para una mejor convivencia social, que la expresión “villero” deje de ser pretexto para fomentar la segregación y el odio entre las personas. Villero es el que vive en una villa, nada menos… pero tampoco nada más.

Las villas son fenómenos de precarización en todo sentido: urbanístico, habitacional, político y social. La responsabilidad de que esa precarización exista y se prolongue es del Estado. En ese sentido, mientras que adhiero a la idea de no discriminar a una persona por el mero hecho de vivir en una villa – situación que no habla en modo alguno de sus condiciones morales e intelectuales–, me parece alarmante que funcionarios públicos propongan la asociación de un concepto que arrastra consigo décadas de miseria a valores inmaculados como los de la solidaridad y el optimismo.

El mito de los pobres como personas esencialmente buenas ha sido siempre una maniobra clasemediera para expiar culpas de clase. Hay pobres buenos y pobres malos. El problema para la política debiera ser que no haya pobres.

El concepto de “valores villeros” expresa entonces dos cosas: el derrotismo cultural de naturalizar a la pobreza y a las condiciones precarias de vida como invariantes de la historia, por un lado, y la inescrupulosidad y cinismo descarado de los representantes que se dicen “progresistas” porque reivindican formas de vida circunstanciales y lamentables sólo porque ellos no son quienes las padecen. Para ser más claros: si a Cabandié y a Larroque les parece tan inmaculada la condición de los villeros que se vayan a vivir ellos a una villa.

A diferencia de estos dirigentes de La Cámpora, el Padre Mugica decía cosas como: “Señor, perdoname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no”. Mugica entendía la diferencia entre él y los pobres. La entendía y la padecía. La pobreza no era para él algo que reivindicar sino algo de lo que había que salir. La lucha era para erradicar la pobreza. Es sencillamente esto lo que estos pibes bien, con sus honorarios y comodidades de funcionarios públicos (a los que no están dispuestos a renunciar) no entienden: la diferencia entre la pobreza y los pobres. Los pobres son personas que merecen -como cualquier conciudadano- nuestro respeto. La pobreza es una condición lamentable que reclama la erradicación a través del trabajo, la planificación pública y la cooperación de todos los representantes y organismos del Estado.

Que villero deje de ser una mala palabra no debería implicar que se convierta en un elogio, en un signo de heroísmo. Las villas no son algo de lo que debamos sentir orgullo porque hablan de los malos manejos del Estado. Lo que estos chicos de la Cámpora quieren es lavar sus culpas de clase para seguir haciendo la vista gorda a un problema que nadie, ni el Gobierno al que tanto defienden, resuelve.

Las generalizaciones de clase le hacen muy mal al país, especialmente cuando se usan demagógicamente para justificar las desigualdades sociales. Al pastiche ridículo de los “valores villeros” yo quisiera oponer el concepto universal tan imprescindible como tergiversado de los derechos humanos, que deben ser defendidos en todas partes, y especialmente allí donde el Estado menos los respeta.

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Pacificar también es tener un plan

plan de pacificación - Diego Kravetz

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.

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Linchamientos: síntomas de una enfermedad curable

linchamientos opinión diego kravetz

La discusión pública sobre el delito y la inseguridad tiene ahora un nuevo concepto. El tema de los “linchamientos”, que está en boca de todos, debería ser un llamado de atención: el problema de la violencia en nuestras grandes ciudades está alcanzando proporciones alarmantes. Las actos de violencia espontáneos de ciudadanos contra delincuentes demuestran que la lógica de los segundos está empezando a infectar el comportamiento de los primeros. En otras palabras, la gente está sintiendo que su condición de víctima puede ser revertida por el mismo uso de la fuerza que emplean los criminales.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.

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Iniciativa para pacificar las villas

políticas de pacificación

Hace dos semanas lanzamos oficialmente el IPP (Instituto de Políticas de Pacificación), con la intención de ayudar a mejorar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto tiene hechos varios trabajos de investigación sobre el problema de la inseguridad, similitudes y diferencias con los casos de otras regiones, y plantea una iniciativa para terminar con el delito organizado.

Tal iniciativa consiste en un proyecto de ley al que dimos en llamar Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, que propone emular la experiencia realizada en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Río es una de las ciudades más pobladas de Brasil y es la que tiene la mayor cantidad de favelas. Desde 2008 el Estado interviene en estos asentamientos precarios a través de unas fuerzas especiales llamadas UPP -Unidades de Policía Pacificadora- que son escuadrones especializados en combatir el delito organizado. En otras palabras: echan a los narcos de las favelas.

¿Es comparable el problema de las villas en la Ciudad de Buenos Aires al de Río? Si bien nuestra problemática es de proporciones mucho más modestas, el crecimiento acelerado de la cantidad de villas y de la actividad delictiva dentro de ellas nos permite pensar que lo que pasa hoy en Río puede ser el futuro de Buenos Aires si no lo combatimos correctamente.

En Brasil la intervención de las UPPs viene dando buenos resultados. El procedimiento de “pacificación” consiste en dos etapas: primero se saca a los narcos de las villas, lo cual requiere un trabajo de inteligencia policial que tenga en cuenta las particularidades de cada zona (sociales, territoriales y de diversas índoles) de modo tal que se pueda garantizar la reducción del delito sin poner en riesgo a personas inocentes, que son la mayoría de los ciudadanos que habitan en villas y asentamientos. Una vez expulsados los delincuentes de las villas se procede a una segunda etapa, que según la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires consistirá en la instalación en el territorio de UPSs – Unidades de Pacificación Social. Estas estarán coordinadas por funcionarios de la Secretaría de Habitat de la Ciudad y contarán con equipos de trabajo comunitario cuya función será la de asegurar la llegada del Estado a esos territorios. A partir de eso podrá iniciarse el proceso de urbanización, que consistirá en dar servicios públicos, mejorar las condiciones habitacionales y permitir la aparición de escuelas, hospitales, comercios y demás establecimientos fundamentales para la vida de los ciudadanos.

Esto ya se está haciendo en Río de Janeiro y podemos hacerlo en Buenos Aires. Para que la Legislatura trate este proyecto de ley necesitamos reunir 40.000 firmas que equivalen al 1,5% del padrón electoral porteño. Los invito a visitarla página de IPP en Facebook, a leer el proyecto de ley y acercarse a nuestras mesas. Allí estuvimos recolectando firmas desde este fin de semana. Juntos podemos pacificar Buenos Aires y garantizar un mejor futuro: sin narcos y sin villas.

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El desalojo en Villa Lugano y la responsabilidad de “los que dan derechos”

barrio papa francisco Diego Kravetz

En algún momento de los próximos días quizá se lleve a cabo el desalojo del predio en Villa Lugano, recientemente bautizado por los ocupantes como barrio “Papa Francisco”. Veremos en qué termina. Es difícil prever si logrará hacerse efectivo o no. Sea cual sea el resultado, de lo que quiero hablar es de los obstáculos que vienen poniendo al desalojo distintos referentes de la política. Me voy a referir a ellos como “los que dan derechos”. No es que dar derechos esté mal, pero en este caso pareciera que los derechos nunca conllevan responsabilidades ni deberes. El que da derechos tiene un antagonista histórico, que es el que quiere solucionar todo a los palos. Ambos, mal que les pese, se parecen mucho en que tienen respuestas de antemano para los problemas más delicados y dilemáticos del país. Cuando el que quiere solucionar todo a los palos dice “hay que reventarlos a todos y que se dejen de joder” el que da derechos dice “hay que integrarlos, no hay que reprimirlos”. Es obvio que nos gustan más los que dan derechos, es más lindo hablar de derechos que de palos, pero basta con que nos corramos un poco de ese lugar para notar que las respuestas prefabricadas, vengan de donde vengan, son solo cortinas de humo para no ver la complejidad real de los problemas.

Para referentes de la política y legisladores de UNEN, el Partido Obrero, el MST y el Frente Para la Victoria, entre otros, el desalojo está mal y lo traban todo lo que pueden. No ofende a su mentalidad, al parecer, que las condiciones de vida que dejan aletargarse en esos territorios para todos los ocupantes, grandes y chicos por igual, sean calamitosas. Mucho menos los enerva que la ocupación sea ilegal y que tense la convivencia de toda la ciudadanía, desgaste a los vecinos y colabore con el clima de violencia creciente que se vive en Buenos Aires. O que la ocupación de espacios verdes represente una degradación de los espacios comunes. En el repertorio de sus máximas, “dar derechos”rankea alto, mientras que “hacer cumplir las leyes” o “terminar con las condiciones paupérrimas de vida” brillan por su ausencia.

Pero no es ése el punto al que quiero llegar. Cualquiera puede discrepar con mi visión al respecto. Supongamos que usted está en contra del desalojo. Está convencido, como estos dirigentes, de que los ocupantes deben poder permanecer allí. Muy bien, yo le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacerse cargo de los daños directos y colaterales? Mucha gente discrepaba con nosotros cuando apoyamos la recuperación de fábricas durante la crisis de finales de los 90 y principios de los 2000. Recordarán que en esa época muchas fábricas fueron tomadas por la fuerza por sus trabajadores para evitar el cese de su actividad laboral. La historia demostró que esas recuperaciones fueron fundamentales para la reactivación económica que adoptó condiciones más formales con el gobierno de Néstor Kirchner algunos años más tarde. ¿Qué hicieron los trabajadores que tomaron las fábricas, los abogados, legisladores y otros dirigentes que apoyaron la causa? Asumieron el rol de depositarios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se hacían responsables ante la justicia de la conservación y buen mantenimiento de las fábricas, maquinaria y demás elementos que, claramente, no les pertenecían. Del mismo modo, los territorios ocupados en Villa Lugano no les pertenecen ni a los ocupantes ni a los dirigentes que defienden la ocupación. En ese caso, yo propongo, si tanto objetan el desalojo, si tan fundamental para los derechos de esta gente es sostener su presencia en ese cementerio de autos (dicho sea de paso, un lugar de pésimas condiciones de sanidad como para dejar que vivan las familias hoy allí asentadas) que se asuman como depositarios judiciales, que se hagan cargo de lo que están defendiendo.

Podemos discrepar, nadie tiene la verdad absoluta y es por eso que existe la política. Lo que no podemos es ser oportunistas y menos aún cuando los costos los paga otro. Entonces, a los que objetan el desalojo, los invito a responsabilizarse por la decisión que están tomando, una decisión que va a pesar en la convivencia de muchos vecinos.

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Narcotráfico: quieren establecer una fuerza para pacificar las villas

políticas de pacificación

La iniciativa del dirigente Diego Kravetz se presentará ante la Legislatura porteña mediante iniciativa popular, una vez que se hayan recolectado las firmas correspondientes al 1,5% del padrón.

Con el tema como uno de los asuntos de agenda de la clase política, el dirigente porteño Diego Kravetz elaboró un proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada por el Instituto de Políticas de Pacificación (IPP), entidad que preside.

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Proponen llenar las villas de policías – Nota publicada en clarín.com

policias villas diego kravetz

Es una iniciativa para combatir el narcotráfico.

Más de 400 policías para las villas con más de 20.000 habitantes. Y no menos de 100 para los asentamientos chicos. En medio de la polémica sobre cómo combatir el narcotráfico, un ex jefe de bloque kirchnerista propuso llenar las villas de efectivos. El modelo que toma para su proyecto es el que suelen menear varios dirigentes: el de Río de Janeiro. Continuar leyendo “Proponen llenar las villas de policías – Nota publicada en clarín.com”

Otro round en el Parque Indoamericano

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Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez enuna disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

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